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Podemos y sindicatos cargan contra la «privatización» de la residencia La Pereda

Podemos y sindicatos cargan contra la «privatización» de la residencia La Pereda

El partido morado considera que el PSOE «consolida» ahora el proceso que ya inició el PP en 2012

DM .

Santander

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Viernes, 28 de septiembre 2018, 15:41

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Podemos considera que el alquiler con opción de compra de la residencia de La Pereda a la empresa Mundiresidencias supone «un paso definitivo para el desmantelamiento de lo público en Cantabria», un proceso que ya inició el Partido Popular -dice- y que ahora «consolida» el PSOE.

Para Podemos Cantabria, la reapertura de la residencia de mayores ubicada junto a El Sardinero es «una prueba evidente de que el Gobierno cántabro favorece a los especuladores, privatizando un centro público que se encuentra en un entorno privilegiado y dándoselo a sus amiguetes, mientras nuestros mayores tienen que soportar largas listas de espera para poder ingresar en un centro público».

Podemos ha recordado que hace seis años, el PSOE y Miguel Ángel Revilla fueron a apoyar a los trabajadores y a los residentes durante las concentraciones que se llevaron a cabo para impedir el cierre del centro público. «Hoy, nos encontramos que ese mismo centro que decían defender se alquila a una empresa privada, como ejemplo de una política orientada al beneficio de unos pocos en detrimento de los intereses sociales de la mayoría», afirma Podemos.

«Este Gobierno está empeñado en destruir los servicios públicos en pro de la rentabilidad económica, y este caso es una muestra más de la cesión de inmuebles públicos a la iniciativa privada», lamenta Podemos.

UGT

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT rechaza la decisión del Gobierno después de «abandonar la residencia a su suerte como centro público durante seis años».

El sindicato critica que «ahora, después de seis años de abandono de sus instalaciones, resulta que La Pereda sí es viable para una empresa privada con ánimo de lucro y para que ésta explote un patrimonio público de carácter social».

«Siempre defenderemos lo público, por lo que consideramos inaceptable que el Gobierno de Cantabria adopte esta decisión después de que La Pereda se cerrara en el año 2012 y se perdieran con ello 120 plazas residenciales que implicó el traslado traumático de los residentes a centros concertados, con el incremento del gasto público que supuso, además de la pérdida de empleo público que ocasionó», agrega el sindicato.

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT critica también al presidente de Cantabria porque «parece haber olvidado sus promesas en campaña electoral cuando en su momento defendió como nadie la recuperación de este centro público atendido por personal de la Administración».

«Con esta decisión, el Gobierno de Cantabria actual (PRC-PSOE) no deja de hacer puro seguidismo de la medida adoptada en su momento por el anterior Ejecutivo autonómico del PP, que descapitalizó un referente del patrimonio público de carácter social como La Pereda», concluye la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT.

IU

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, ha recordado que el pasado noviembre y a instancia de Izquierda Unida, el Pleno del Ayuntamiento de Santander acordó no modificar la calificación del suelo de la residencia La Pereda e instar al Gobierno de Cantabria a invertir en el edificio para asegurar la disponibilidad de más plazas públicas para mayores.

Según Saro, el Gobierno de Cantabria «ha continuado su hoja de ruta para obtener liquidez» y quitarse el «marrón» de en medio, «desoyendo la petición mayoritaria de los santanderinos y las propias promesas electorales del señor Revilla, quien durante la campaña electoral se comprometió a reabrir de nuevo La Pereda para usos sociales».

«Desde Izquierda Unida vemos con mucho recelo la información que ha dado la empresa a quien se ha alquilado el edificio, pues es seguro que el coste de la inversión necesaria para su utilización y el coste de la cesión del edificio va a repercutir en el precio de cada plaza, lo que hace pensar que las mismas van a estar al alcance de tan solo una pequeña parte de los santanderinos», afirma Saro.

Desde IU señalan que el cierre del centro por el Gobierno de Ignacio Diego supuso «la pérdida de 120 plazas para nuestros mayores, de titularidad pública, derivando dichos residentes a centros concertados, con el consiguiente gasto que ello supuso a las arcas autonómicas. »Un coste que va a incrementarse si el Gobierno de Cantabria establece algún tipo de concierto con la empresa que va a explotar la residencia a partir de ahora«, añade.

En su opinión, «lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es una irresponsable cesión de un suelo público de lujo para que una empresa pueda obtener beneficio en la atención a la dependencia, esto es, seguir el plan que diseño Ignacio Diego» afirma Miguel Saro.

El concejal de Izquierda Unida defiende que la gestión directa de los servicios de atención a la dependencia «resulta más eficaz, frente a las fórmulas de externalización de la gestión por las que apuesta el Gobierno cántabro con este modelo».

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