Los profesores de segundo de Bachillerato de Cantabria no podrán hacer huelga para blindar la PAU

Dos jornadas de huelga, el miércoles y jueves de esta semana, que se esperan con «preocupación y expectación» por parte de familias y de los directores. El responsable del IES Montesclaros de Reinosa y representante de la Comisión Permanente de directores de institutos, Norberto García, aseguró que «los equipos directivos trabajaremos para poder amortiguar los efectos de la huelga», especialmente en una etapa «sensible como el final del curso». Y es que, se trata del segundo paro de la educación pública de Cantabria en dos meses.

José Manuel Torre, presidente de la Federación de Madres y Padres del Alumnado (Fampa), considera que «esta es una disrupción de las clases en una época más complicada» que la anterior, que el paro del 3 de abril.

A pesar de las dificultades del contexto, las evaluaciones finales y la PAU, se prevé «normalidad» en los centros, «cumplir con los servicios mínimos que marca la legalidad y tratar de garantizar un derecho como es la educación a los alumnos». Sin embargo, lo ideal –para García– sería que «no hubiera huelga, es una evidencia que un paro de dos días, además de que hace mucho tiempo que no se da en Cantabria, perjudica al funcionamiento de los centros». Pero su objetivo está claro: «Cumplir con la legalidad y que la educación pública continúe los dos días en las mejores condiciones posibles».

Las familias también trasladaron su incertidumbre. Consideran que «la huelga es un derecho y la subida salarial es una reivindicación legítima», sin embargo, criticaron que «en España nos hemos acostumbrado a la pérdida de horas lectivas y esta es una pérdida más para los alumnos». Además, señalaron que el clima que genera la huelga, «no es el más propicio para la negociación», de hecho, destacaron que «tener a un sector enfadado no es lo mejor para que la educación vaya bien». Por lo tanto, «esperan un acercamiento de posturas, que encuentren un punto en común» para que no afecte más a la educación no universitaria.

Para los sindicatos, el número de docentes requeridos en la huelga es «abusivo». Lo adelantaron en anteriores convocatorias de reunión, que consideraban injusto que se obligara al profesorado de segundo de Bachillerato a asistir las jornadas de paro a trabajar. La Junta de Personal Docente ha recurrido esos servicios mínimos porque son «absolutamente abusivos, ya que obligan a todo el profesorado de Bachillerato que imparta clase a alumnado que se presenta a la PAU a ejercer como servicios mínimos». Según los sindicatos docentes, «esta imposición vulnera de forma flagrante el derecho fundamental a la huelga, un pilar básico de cualquier sistema democrático».

Los docentes rechazan el argumento de la Consejería de que los días de huelga coinciden con el periodo de preparación de la prueba, lo que consideran que «carece de fundamento» porque «a estas alturas del curso, los alumnos ya están perfectamente preparados».

Los últimos pasos en la negociación han llevado a sindicatos y Consejería a un punto muerto. De no ser por una nueva convocatoria de mesa de diálogo, las jornadas de huelga son inminentes. La última petición sobre la mesa es de 240 euros más a partir de 2027 de los sindicatos, mientras que Educación llegará a 150,23 euros en 2028 como última oferta. Una situación que dista de la de los docentes en otras comunidades. Por ejemplo en Asturias, donde denuncian que el profesorado sufre una «discriminación salarial» de más de 300 euros al mes con respecto a Cantabria.