La regularización que prepara el Ministerio beneficiará a 1.700 migrantes en Cantabria

¿De dónde sale esta cifra? Es una extrapolación. En el último proceso de regularización de este tipo, que se realizó en 2005, en Cantabria se recogieron el 0,34% de las solicitudes. Y aunque han pasado dos décadas, el mapa de la distribución de la población migrante entre las distintas comunidades autónomas no ha cambiado demasiado, por lo que el departamento que gestiona esta competencia adelanta que el porcentaje será similar.

Por peso relativo de Cantabria respecto a España, debería estar cerca del 1,1%, pero la penetración de la migración es muy inferior a la media del país. Porque está lejos de las principales rutas migratorias y también por su estructura económica. En el campo de Cantabria no hay campañas de recogida que requieran grandes cantidades de mano de obra -casi siempre barata- como ocurre en lugares como Andalucía, Levante o las dos Castillas. También en La Rioja, que pese a tener casi la mitad de censados que Cantabria espera tramitar la regularización de unas 7.000 personas, muchas de ellas vinculadas a la uva.

El PSOE, que es quien ha puesto en marcha este proceso que arrancó previamente con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 600.000 firmas de particulares, propone que los migrantes que accedan a la regularización extraordinaria lleven en España al menos un año, que no sean solicitantes de asilo o desistan de ello, que no tengan antecedentes penales ni orden de retorno activa y que no supongan un riesgo para la seguridad nacional. En caso de cumplir estos requisitos, el candidato obtendría un permiso de residencia y trabajo sin necesidad de presentar un contrato previo. Esto último sí es una diferencia respecto a los seis procesos de regularización anteriores, realizados durante los gobiernos de Felipe González (en 1986 y 1992), José María Aznar (en 1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero (2005).

Debido al endurecimiento de los controles que lleva a cabo la Inspección de Trabajo, son muchos menos los migrantes sin regularizar que tienen empleo en España. Por eso no se meterá esta exigencia en la norma. De hecho, uno de los argumentos para apoyar la regularización es la entrada de personas en el mercado de trabajo para cubrir algunos puestos donde los empresarios tienen problemas, como la hostelería o la construcción.

El proceso se haría a través de una «autorización de circunstancias excepcionales única» que autorizaría a residir y trabajar «en todo el territorio nacional» a los beneficiarios de la misma. En principio, serían permisos de un año para que, en ese tiempo, puedan mover los papeles para acceder a un permiso definitivo.

Del mismo modo, se trabaja para establecer cómo se demostraría la estancia en España ya que solo con el padrón muchos migrantes pueden quedarse fuera. Por ello, se plantean que se puedan utilizar otros documentos para acreditar la presencia en el país, como informes sociales o similares. En cualquier caso, estas fuentes apuntan que hay buena sintonía y que se avanza en la negociación.

Respecto a los apoyos, el PP permitió tramitar la ILP que ha dado origen a este proceso, pero aún no ha desvelado el sentido de su voto. Sí se sabe que Vox dirá 'no' y que los partidos de la izquierda son mucho más partidarios de esta iniciativa que otras formaciones como Junts.