La sanidad y la educación ensanchan la distancia entre Gobierno y sindicatos a mitad de legislatura

Lo más inminente está en el ámbito educativo. Salvo sorpresa, habrá parón los días 28 y 29 de mayo. Lo que en principio iba a ser una huelga parcial -de unas horas- se ha convertido en dos convocatorias completas debido a la falta de avances en unas negociaciones que apenas se mueven desde el pasado otoño. Todo a cuenta de un complemento específico que se pactó hace casi dos décadas con un calendario de incrementos retributivos que nunca se completó. Este asunto ha enturbiado hasta el extremo una relación entre los sindicatos y el consejero Silva -también es docente- que arrancó bien. Con acuerdos y pactos que afectaban a otras reivindicaciones históricas del colectivo, pero que se atascó cuando se empezó a hablar del dinero.

La oferta de 120 euros más en la nómina de Educación está lejos de los 295 que reclama la Junta de Personal, que ya ha protagonizado un encierro de diez días en la sede del Gobierno de Cantabria, otros encierros en distintos centros y una gran manifestación como colofón a otras protestas previas frente a la Consejería. Para los sindicatos, el problema no solo es de dinero, también de falta de respeto. Y ponen como ejemplo el complemento contra el absentismo que Silva puso sobre la mesa, algo para ellos «inaceptable» porque «castiga a los docentes por enfermar». O la prohibición de acceder a la sede de Peña Herbosa para registrar sus peticiones. Las dos partes ni siquiera fueron capaces de sentarse a negociar a principios de mes y habrá que ver si lo consiguen el 20 de mayo.

En Sanidad, el conflicto sindical se ha reavivado ahora casi por los mismos motivos que lo hizo hace justo un año, cuando el Gobierno de Cantabria firmó el pacto sanitario solo con los médicos. En aquella ocasión, aunque los incrementos salariales que se contemplaron para los facultativos después se extendieron de forma proporcional al resto de categorías profesionales, el hecho de que se negociara fuera de la mesa sectorial y solo con el Sindicato Médico levantó ampollas. Enfermería salió a la calle incluso con una multitudinaria manifestación para expresar su rechazo. Ahora, las tensiones han resurgido tras la reunión de seguimiento de aquel pacto. Y se repiten las críticas sindicales contra la Consejería de César Pascual y el Gobierno de Buruaga porque se ha aprobado una mejora laboral (y retributiva) para los médicos -el pago del complemento de guardia continuada aunque estén en situación de incapacidad temporal (una modificación introducida a través de la Ley de Simplificación Administrativa)-, que no llegará a otros sanitarios y sobre la que no han tenido ni voz ni voto el resto de formaciones con representación en el foro oficial de negociación.

Ese «ninguneo» y esa «política discriminatoria» han llevado a CC OO, CSIF y ATI a convocar movilizaciones, como las concentraciones del viernes a las puertas de los centros sanitarios, para «decir alto y claro -explican- que la sanidad somos todos y que la presidenta y el consejero no son los caciques de ningún cortijo». Satse ha reivindicado esta semana que se invierta más en las enfermeras para que estén «más valoradas, protegidas y respetadas», pero sin entrar en el conflicto abierto con el resto de formaciones -se presupone que para no enturbiar las negociaciones en ciernes con la Consejería de Salud para intentar alcanzar su propio pacto-.

Mientras, CSIF se quejó de que la modificación del plus de guardia continuada, para no perderlo en las bajas, ni siquiera abarca a todos los médicos, al quedar «excluidos» de la mejora los de Atención Primaria (SUAP y 061) y de Urgencias hospitalarias. Ahí Pascual respondió tajante el lunes: «Guardias solo tienen los médicos, y no todos, porque los de SUAP y 061 trabajan a turnos». Otra cuestión es la posibilidad de cobrar el complemento de IT, señaló, «que existe esa posibilidad, siempre que haya una negociación, a la que estamos abiertos».

Pero ATI ha convocado incluso huelga intermitente en horario de 10.00 a 12.00 horas en la sanidad cántabra, aunque ha tenido que modificar las fechas porque la Dirección General de Trabajo le comunicó que su convocatoria se registró fuera de plazo. Así que serán los días 26, 27, 28 y 29 de mayo (y no 21 y 22).

Una protesta que el consejero considera que «no tiene ningún sentido», defendiendo que bajo su mandato «se han firmado más acuerdos sindicales que en los últimos diez años». En eso coincide con su colega Silva. Y cierto es que Sanidad abrió la cartera en 2024 para hacer una subida salarial a todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), cuyo primer tramo (hay otros tres en los años sucesivos) llegó a las nóminas en noviembre. En total, desembolsará 28 millones de euros extra hasta 2027. Sin contar ahí el incremento aplicado para la plantilla del servicio de emergencias 061 (570 euros más al mes para los médicos y 360 para el personal de enfermería).

Además, Sanidad llegó a un acuerdo también para mejorar las condiciones de los profesionales del SUAP, después de que amenazaran con huelga para el puente de diciembre y Navidad; y añadió ventajas para trabajar en el Hospital de Laredo al clasificar sus plazas como de difícil cobertura, dando mayor estabilidad (tres años) y la posibilidad de acceder al puesto de forma fija solo con méritos y sin pasar por examen. Además, está pagando millones en peonadas tanto en Atención Primaria como en hospitalaria para desatascar las listas de espera, y ha puesto sobre la mesa la mejor oferta económica para atraer a médicos de familia (61.000 euros) a través de los contratos de médicos sin cupo asignado. Todo, en un contexto en el que se ha resuelto una OPE de estabilización histórica, con más de 2.500 interinos convertidos en fijos de todas las categorías profesionales.

En este ámbito, aunque no afecta directamente al SCS porque está externalizado, también está abierto el conflicto del transporte sanitario. Involucra al Gobierno de Cantabria por las quejas sobre la prestación del servicio y porque los representantes de los trabajadores están reclamando la internalización del servicio, como también piden el PSOE y otras formaciones de la izquierda extraparlamentaria.

Además del conflicto judicial por la convocatoria del macroconcurso interno de 932 plazas de funcionario que, según los sindicatos, «incumple los criterios de igualdad y oportunidad», otra polémica que está a punto de explotar es la del convenio colectivo de los 2.000 trabajadores que son personal laboral en las distintas consejerías del Gobierno regional y que lleva caducado desde 2011.

Y luego están las críticas a la política de contratación del Ejecutivo en las empresas públicas. Economía está poniendo muchas trabas a los nuevos contratos, lo que «estrangula» algunos servicios. En Comisiones Obreras ponen el ejemplo de MARE: necesitan 22 contratos nuevos para poner en marcha la recogida de residuos del contenedor marrón y, previsiblemente, serán externos -con subcontratas-, algo que los sindicatos rechazan.