Una sentencia reconoce como accidente laboral el suicidio de un cántabro en 2021

Bedia trabajaba como encargado de tienda en los supermercados Aldi. Primero, en Vitoria, luego, en Torrelavega y, a partir de diciembre de 2016, en Santander, donde estaba al frente de 18 empleados. Allí fue donde empezaron los problemas en septiembre de 2020, según se puede leer en la sentencia a la que ha tenido acceso El Diario Montañés. Tras unas elecciones sindicales, la empresa despidió a dos empleadas y recibió una denuncia anónima contra el fallecido por haber cambiado de puesto de trabajo a otra que había solicitado la reducción de jornada. «La empleada sufre una situación vejatoria y humillante con un irreparable daño psicológico», decía aquel documento.

Aldi encargó una auditoría externa para investigar lo ocurrido y, posteriormente, sancionó a Bedia sin empleo y sueldo durante tres días. Además, le trasladó de tienda. De Santander a Laredo.

La sentencia no entra en enjuiciar este supuesto acoso laboral, en lo que se centra el TSJC es en la relación que existe entre los problemas laborales y el suicidio. El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ya había dictaminado en contra de este nexo, pero el recurso de la viuda de Bedia, Nuria Terán, sí ha encontrado respaldo en el TSJC.

«Es evidente que existió una clara conexión o relación de causalidad relevante entre la acción suicida y el trabajo. Así se desprende del hecho de que los problemas laborales iniciados como consecuencia de la denuncia por acoso persistieron casi hasta la fecha del óbito del actor. Prueba de ello es que, precisamente, tres días antes del fatal desenlace tiene una conversación en la que le manifiesta su preocupación por una posible denuncia de la trabajadora, dirigida exclusivamente contra él, y tan solo un día antes del acto suicida se produce una búsqueda en internet en relación a las consecuencias penales de una posible denuncia de acoso laboral», señala el TSJC.

La sentencia considera «evidente» que Bedia consideró como «un trato injusto» su traslado a un supermercado de Laredo. No en vano, su suicidio se produjo tan solo tres días antes de su incorporación al nuevo destino.

«Como se aprecia, los problemas de índole laboral tienen una clara conexión temporal con el acto suicida, pues se inician apenas tres meses antes del fatal desenlace y están muy presentes los días previos a la toma de la decisión de quitarse la vida, como ocurre con la preocupación por las posibles consecuencias penales derivadas de una posible denuncia por acoso (un día antes del suicidio) y la medida de traslado a una tienda diferente, fuera del lugar en donde reside su familia más cercana (tres días antes), que además fue adoptada como consecuencia de la denuncia por acoso», continúa el texto.

Debido a todos estos hechos, el TSJC declara que las pensiones de viudedad y orfandad –Bedia dejó una hija que tenía entonces 14 años– derivan de un accidente de trabajo. La sentencia puede ser recurrida al Supremo, pero una vez conseguido este éxito en los tribunales, la familia del fallecido se plantea presentar una querella por daños y perjuicios contra Aldi.

Este periódico se puso en contacto con la empresa de supermercados, que se limitó a responder que «lamenta profundamente el dolor de la familia, respeta la decisión de la Justicia, confía en el sistema judicial y no realizará valoraciones».

Más allá del caso en sí, la sentencia recuerda que un suicidio, aunque se ejecute fuera del puesto de trabajo, puede ser considerado un accidente laboral.