Las solicitudes de Justicia Gratuita se incrementan un 8% y llegan a las 8.192
El Gobierno de Cantabria invirtió el año pasado 2,5 millones de euros en el turno de oficio, lo que supone un 1,9% más que el anterior
NACHO GONZÁLEZ UCELAY
SANTANDER.
Sábado, 13 de julio 2019, 07:54
El Gobierno de Cantabria y el Colegio de Abogados tramitaron el año pasado 8.192 expedientes de solicitud de letrados que están asignados al ... turno de oficio, lo que supone un aumento del 8% con respecto a 2017.
Ese dato, y algunos otros, afloraron ayer con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, acto que tuvo lugar en la santanderina Plaza de Las Atarazanas, a la sombra del conjunto catedralicio, y en el que coincidieron la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y los decanos de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Andrés de Diego y Rosaura Díaz, respectivamente.
Allí, bajo una carpa en la que después de un encuentro con la prensa se leyó un manifiesto en defensa de la asistencia jurídica gratuita, «la principal garantía para universalizar la tutela judicial efectiva», la consejera destacó el compromiso del Gobierno de Cantabria por mejorar el buen funcionamiento de este sistema.
El Colegio de Abogados urge a la reforma del marco regulatorio de este tipo de servicios
Así, Fernández defendió la necesidad de «seguir incrementando» las cuantías que reciben estos profesionales por hacer el turno de oficio y señaló que su departamento trabaja mano a mano con los colegios, «no solo para actualizar los importes conforme al IPC, sino para realizar un nuevo desglose de módulos que permita una retribución más ajustada a su trabajo».
En este sentido, la consejera precisó que el Gobierno de Cantabria destina anualmente casi 2,5 millones de euros a la gestión de la asistencia jurídica gratuita en la región, un 15% más que hace tres años, «lo cual ha permitido aumentar proporcionalmente las compensaciones a los abogados y procuradores por la prestación de este tipo de servicios», precisó.
De acuerdo con los números que maneja el departamento de Justicia, el Ejecutivo tramitó el año pasado 8.192 expedientes de solicitud del turno de oficio, de los que cuales 6.892, esto es, más de un 83%, fueron estimados.
«Eso significa un incremento de más del 8% con respecto a 2017», calculó la consejera de Presidencia, que entre los servicios prestados en el ámbito del turno de oficio destacó la asistencia letrada al detenido, con alrededor de 3.000 actuaciones, y el apartado de violencia de género, con 608 expedientes tramitados, servicios prestados en ambos casos por los profesionales del Colegio durante las veinticuatro horas al día y los 365 días al año.
Luego, durante su de intervención, el decano, De Diego, explicó que el turno de oficio es un servicio formado por unas listas de abogados a los que se les asignan asuntos de particulares a través del reparto del Colegio y aportó su propio resumen numérico.
«El Colegio de Abogados de Cantabria gestionó durante el año 2018 un total de 11.831 asuntos que estaban relacionados con el turno de oficio: 6.497 penales; 4.963 civiles, 225 contencioso-administrativos y 145 de lo social».
A estos asuntos, dijo De Diego, «se suman los relativos a la asistencia letrada (3.414) y los relativos a casos de violencia de género (246), lo que elevan la cifra final hasta los 15.491 asuntos».
El manifiesto
Y tras los números, las demandas, que el decano hizo llegar al conjunto de la sociedad con la lectura de un manifiesto en el que además de «reiterar el compromiso de los colegios de la Abogacía Española y de los más de 46.100 abogados y abogadas que prestan los servicios de Justicia Gratuita con el mantenimiento y la mejorar del sistema», hicieron públicas sus principales reivindicaciones.
Para empezar, los abogados urgen «la reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la Abogacía a través del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita para adecuarlos a la situación actual y mejorar su eficiencia».
También, el colectivo reclama «la actualización de los criterios para el acceso a los ciudadanos a los servicios» y, además, hace un llamamiento a los responsables políticos y a las Administraciones Públicas «para que sean receptivas a las demandas en defensa de la Justicia Gratuita y el acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos».
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