Sota asegura que el impuesto al diésel «no afectará al sector del transporte»

La bancada regionalista, con el presidente a la cabeza, minutos antes de comenzar la sesión plenaria de ayer. /Roberto Ruiz
La bancada regionalista, con el presidente a la cabeza, minutos antes de comenzar la sesión plenaria de ayer. / Roberto Ruiz

El consejero de Economía niega que la medida que está preparando el Gobierno socialista vaya a repercutir en taxistas y transportistas

NACHO GONZÁLEZ UCELAY

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes las dos únicas proposiciones no de ley que se han debatido en la Cámara (una relacionada con la venta de entradas del Palacio de Festivales, la otra con las libertades educativas) en una sesión en la que, además, se ha interpelado al Gobierno regional sobre el lobo, el diésel y la violencia machista y se han efectuado tres preguntas para conocer el estado de otras tantas obras.

Tumbadas de primeras las dos iniciativas, que han defendido sin éxito el PP, una, y el Grupo Mixto, la otra, la agenda parlamentaria seha detenido sobre el impuesto al diésel que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene previsto empezar a aplicar a partir del próximo 1 de enero, una medida que colocará el precio del litro de gasóleo de automoción muy por encima del de la gasolina pero que, según ha dicho y repetido el consejero de Economía, Juan José Sota, «no va a afectar ni a los taxistas ni a los transportistas».

Sota se ha mostrado así de convencido durante su turno de contrarréplica a la diputada popular Cristina Mazas, que, con una interpelación, quería oír de boca del consejero cuál es su criterio en relación al anuncio del Gobierno de la Nación de incrementar la tributación a los vehículos diésel.

Medida recaudatoria

«La medida que están preparando tiene dos defectos», ha dicho Mazas. «El primero, que va a afectar a las personas con las rentas más bajas. Y el segundo, que no va a tener ningún impacto de tipo ambiental», ha afirmado después la diputada popular, que luego de enumerar las consecuencias que a su juicio va a provocar esta decisión en el sector del transporte ha acusado a los socialistas de poner en marcha una medida que «no es medioambiental» sino más bien «recaudatoria».

Recargo en las entradas del Palacio de Festivales

La sesión parlamentaria ha comenzado con el debate y votación de una proposición no de ley presentada por el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio instando al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias para eliminar el recargo que se aplica en la venta de entradas del Palacio de Festivales adquiridas a través de su página web.

Carrancio, que ha recordado que mientras aquí se está aplicando un 6% en otras salas de espectáculos de algunas ciudades limítrofes ese recargo o no se aplica o es simbólico, ha asegurado que esta medida no solo «empeora la imagen del Palacio» sino que, a su manera de entender, «está restando afluencia de público» a los espectáculos que oferta. Puso como ejemplo de ello al último; el musical 'La familia Addams'. «Han llenado en otros lugares y aquí no lo han hecho», ha dicho.

En desacuerdo, PSOE y PRC han asegurado a Carrancio que el cobro del recargo que pretende eliminar «es habitual en otros muchos espacios culturales».

Más allá de eso, socialistas y regionalistas han recordado al diputado que hasta su llegada al Gobierno ese gasto era asumido por la Sociedad Regional de Cultura, es decir, «que era costeado por todos los cántabros» y que, con esta medida, «ahora lo costean los usuarios que van a disfrutar de ese espectáculo» y no los que no van.

El bipartito, que también ha corregido a Carrancio indicándole que el número de asistentes al Palacio «no sólo no ha descendido sino que se ha incrementado», ha echado abajo su iniciativa votando en contra de una propuesta que encontró los apoyos de PP y Podemos y la abstención de Ciudadanos.

«El impuesto al diésel va a perjudicar a las clases más desfavorecidas y, al contrario, va a beneficiar a las más favorecidas», ha recalcado Mazas, «porque si de lo que se trata es de fomentar el uso de vehículos no contaminantes, como los eléctricos, sólo ellas, es decir, las que dispongan de un mayor poder adquisitivo, podrán comprarlos porque valen más de 30.000 euros».

Eso, de un lado. Del otro, la diputada popular, que ha recordado a Sota que el precio de los carburantes es hoy «el más elevado de los últimos cuatro años», ha incidido en la honda inquietud que el impuesto al diésel está provocando en las diversas asociaciones nacionales y regionales relacionadas directa e indirectamente con los sectores de la automoción y el transporte.

Una inquietud que, según el consejero, no está justificada porque «el impuesto al diésel va a suponer solamente 3,3 euros más al mes al consumidor medio (aquel que realice unos 15.000 kilómetros al año), no va a afectar en ningún caso ni a los taxistas ni a los transportistas, y va a servir, además, para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos», un objetivo, ha explicado Sota, al que se va a destinar el 30% de la recaudación obtenida.

Después de negar con rotundidad lo que taxistas y transportistas aseguran, que sí les va a repercutir, a ellos y posiblemente a sus clientes, Sota ha advertido a Mazas de que, al presentar una iniciativa parlamentaria sobre «un futurible», la diputada popular estaba incurriendo en «una contradicción» habida cuenta de que si el próximo día 1 de enero el diésel y la gasolina subirán de precio «va a ser porque así lo aprobó el PP en los Presupuestos Generales del Estado de 2018».

José Ramón Blanco aún no ha registrado su renuncia

Como ya sucedió en el pleno celebrado el lunes pasado, el Grupo Parlamentario Podemos ha acudido a la sesión de este lunes lastrado por la ausencia del diputado José Ramón Blanco, que aún no ha formalizado la renuncia a su acta tras las denuncias de acoso laboral formuladas contra él por algunas compañeras de partido y continúa impidiendo así que la formación morada pueda disponer de su tercer representante parlamentario.

En otro orden de cosas, el consejero de Medio Rural, el regionalista Jesús Oria, ha dicho que el anteproyecto de reforma de la Ley de Caza de Cantabria, que permitirá mantener al lobo como especie cinegética y asumir al mismo tiempo los gastos por daños que genere la especie en todo el territorio autonómico, está ya en «sus últimos trámites».

 

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