Tres años y medio de trabajo antes del acuerdo

El mayor caso de corrupción en Cantabria nació en la primavera de 2022, en el mes de marzo. La Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional –el jefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez– en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, la AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, que desde ese momento dirige la magistrada Mercedes Compostizo. En un primer momento, Vigilancia Aduanera pudo determinar que la familia del funcionario –en cuya casa se hallaron 530.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero– había experimentado un «importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022».

El 22 de febrero de 2023, el casó salió a la palestra con la detención de ocho personas y los registros en la Consejería de Obras Públicas (en manos del PRC en aquel momento) y las sedes de las empresas implicadas.

Un escándalo sin precedentes que tuvo consecuencias políticas –causó una crisis en el PRC que obligó a Miguel Ángel Revilla a cesar al consejero José Luis Gochicoa y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús–, más allá de las judiciales que ahora han quedado definidas.

Tras las detenciones del 22 de febrero de 2023, la instructora acordó únicamente el ingreso en prisión provisional del jefe de Carreteras. Al resto de implicados les puso en libertad con cargos. Siete meses después, dejó libre al funcionario al considerar que ya no había riesgo de destrucción de pruebas.

En julio de 2024, los investigadores entregaron a la jueza sus conclusiones definitivas tras el análisis de toda la documentación y los ordenadores que requisaron cuando irrumpieron en la Consejería de Obras Públicas y las sedes de las empresas. Con todo ese material, la instructora amplió de ocho a diez la nómina de investigados, a los que tomó declaración, junto a testigos y peritos, en septiembre de 2024.

Entonces, el cabecilla de la trama, Miguel Ángel Diez, defendió su inocencia y aseguró que «alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco». Defendió que todas las licitaciones en las que ha intervenido se han realizado «conforme a la ley» y que él «no decidía» a quién se adjudicaba cada contrato. Además, negó haber cobrado pagos de procedencia ilícita. Es más, dijo que el dinero que conforma su patrimonio procede de «los trabajos técnicos» que ha realizado al margen de su puesto de funcionario y de «los negocios inmobiliarios» de su mujer. Ahora, su estrategia ha girado ciento ochenta grados y aceptado los cargos para reducir su pena.

Al margen de la causa judicial, este periódico dio cuenta de la auditoría que realizó el actual Gobierno de Cantabria, en manos del PP, y que ponía en evidencia las «debilidades» en el control interno de los contratos suscritos por la Consejería de Obras Públicas en los últimos cinco años.