El Tribunal de Cuentas suspende la política de viviendas de Santander, Torrelavega y Castro

No solo eso. Otra de las conclusiones a las que llega el Tribunal de Cuentas en las 85 páginas de su informe es que han existido «deficiencias relevantes» en el control administrativo, la adjudicación y el mantenimiento de las viviendas sociales, lo que «ha limitado su efectividad para atender las necesidades sociales reales de los sectores más vulnerables». Por todo ello, el organismo concluye que ni Santander, ni Torrelavega ni Castro Urdiales «dispone de una política pública global e integrada de vivienda».

Los ayuntamientos, como no podía ser de otra manera, ponen muchos matices al análisis del Tribunal de Cuentas. De entrada, todos coinciden en que apenas tienen competencias para construir viviendas, y que son los gobiernos autonómico y central los que poseen los verdaderos recursos y el margen de maniobra para atacar este problema.

Debido a que el informe se centra en los años 2022 y 2023, no tiene en cuenta, por ejemplo, las últimas actuaciones del Ayuntamiento de Santander, que ha invertido 46 millones de euros para levantar 281 viviendas protegidas en seis edificios de El Alisal. Por eso, la alcaldesa de la capital, Gema Igual, destacó que Santander «es la que mejor lo hace pese a las mínimas competencias que tiene en la materia». «Hemos repartido 1.204 VPO en los últimos años, algo que no ha hecho ningún otro ayuntamiento».

La regidora del PP también señaló que en los dos años que se analizan en el informe ni el Gobierno autonómico ni el central han desarrollado vivienda pública en Santander. Por tanto, ha añadido, el Tribunal de Cuentas «ha tenido en cuenta unas cosas y no otras».

Quejas similares llegaron desde Torrelavega, donde el alcalde, Javier López Estrada, lamentó que el expediente no haya tenido en cuenta el Plan Parcial aprobado para construir 500 viviendas, ni las 260 que ya están en marcha en la capital del Besaya, «más que todas las ejecutadas aquí en los últimos veinte años». «Me duele que tampoco se haya tenido en cuenta el Plan Estratégico de la ciudad. Asumimos el informe y tomaremos medidas para mejorar, pero no se ha tenido en cuenta lo que hacemos y nos han cargado con una responsabilidad que es estatal», indicó.

Por su lado, la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, reconoce, como refleja el expediente, que no cuentan con plan de vivienda, pero «muy pocos ayuntamientos lo tienen por la limitación de competencias, pero sí tenemos un Plan Estratégico 2020-20240» para intentar atender a los 2.000 demandantes de vivienda que hay en el municipio. La regidora socialista sí recordó todas las actuaciones para rehabilitar edificios, además de las dos parcelas ofrecidas al Gobierno de Cantabria para construir VPO desde hace dos años. «Pero no las han querido», criticó.

El Tribunal de Cuentas concluye su informe con un listado de recomendaciones para los tres ayuntamientos, como «determinar los terrenos de su patrimonio público de suelo que pudieran destinarse a la construcción de vivienda protegida». A Castro y Torrelavega, en concreto, les pide estudios específicos de las necesidades habitacionales en su municipio «para elaborar un plan de vivienda adecuado». Y a Santander y Torrelavega, «regularizar el estado de sus viviendas municipales con fines sociales».