Las universidades cántabras evitan fraudes con comisiones y programas de detección de plagios

La exministra Carmen Montón./EFE
La exministra Carmen Montón. / EFE

El cambio de notas que ha llevado a la dimisión de la ministra Montón «no es posible que suceda en la UC», dice el vicerrector Anabitarte, «porque aquí sólo puede hacerse al más alto nivel»

Marta San Miguel
MARTA SAN MIGUELSantander

La polémica empezó con Cristina Cifuentes, cuando el pasado marzo se destapó que las calificaciones de su máster de Derecho habían pasado de no presentado a notable, dos años después de haberse matriculado. Al parecer, un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llamó a una funcionaria para que modificara el expediente, según alegó ella misma cuando estalló el escándalo. Lejos de ser un hecho aislado, comenzaron a salir casos en cadena, y esta semana, otro cambio en las notas -entre otras irregularidades-, ha llevado a la ministra Montón a dimitir de su cargo sólo cien días después de haberlo jurado. ¿Tan sencillo resulta cambiar una calificación universitaria? En realidad no. Cada centro tiene un rígido reglamento para evitar los fraudes, sin embargo, estas polémicas han puesto en el disparadero la credibilidad del sistema educativo español. Los trabajos supuestamente no presentados de Pablo Casado, y ahora también el cuestionamiento de la tesis doctoral del presidente Sánchez, ponen en duda el rigor de los títulos entre un enorme ruido mediático y una creciente susceptibilidad: ¿se puede hablar de hechos aislados o la universidad debe hacerse un examen?

La respuesta pasa por valorar las herramientas con las que cuenta cada centro. «No todas las universidades funcionan de la misma manera», dice el vicerrector de Ordenación académica y Personal de la Universidad de Cantabria (UC), Ernesto Anabitarte. Si bien dos de los casos destapados están adscritos a un instituto dependiente de una en concreto, la Rey Juan Carlos de Madrid, generalizar es el primer problema al que se enfrentan las universidades. ¿Hasta qué punto les está afectando? Alrededor del 70% de los alumnos egresados por la UC accede después a un máster, y por el momento, en términos cuantitativos, las matrículas no se han visto afectadas.

La previsión es que «aumenten un 6%» ante los datos que manejan: este curso 2017/2018 cuentan con 927 alumnos, y a día de hoy hay 451 matrículas cuando el año pasado, por estas fechas, había 424 registradas. Sin embargo, si la valoración del efecto es más subjetiva, estas polémicas «generan una sombra de duda que no nos beneficia como institución que presta un servicio público con todas las garantías y rigor». Por ello, si se demuestra que hay alguna ilegalidad, dice Anabitarte, «hay que actuar con contundencia».

¿CÓMO ESTUDIA CANTABRIA?

927
alumnos están matriculados en los 42 máster oficiales de la UC: ninguno es online.
143
alumnos de la UNED cursan en Cantabria un máster: ofrecen 77 titulaciones a distancia.
1.223
alumnos tiene Uneatlántico en sus diez máster: uno es presencial con asistencia obligatoria y nueve online.
260
alumnos cursan en la universidad privada Cesine alguno de los 12 postgrados.

La UC ofrece 42 títulos de máster, y para todas sus titulaciones oficiales cuentan con herramientas para velar por la legitimidad de cada título otorgado: «Aquí se hacen las cosas con rigor, funcionan y nuestros estudiantes lo saben. No se regalan las titulaciones y no hemos recibido quejas», dice el vicerrector. ¿Cómo lo consiguen? Por ejemplo, para cambiar una calificación en la UC, cuando el proceso está cerrado, tiene que hacerse a petición del centro y lo tiene que autorizar el vicerrector, es decir, no puede pedirlo ni un decano ni un profesor, como sucedió supuestamente en el caso de Cifuentes. «Tenemos un mecanismo muy riguroso y eso impide que sucedan cosas como lo que hemos oído», y añade: «Salvo que alguien hackee el sistema, en la UC es muy complicado el cambio porque es una decisión que se toma al más alto nivel».

¿Y en la universidad privada? En Uneatlántico, respecto a la política de evaluación, y teniendo en cuenta que la mayoría de los másteres se imparten en modalidad online, en el momento en el que el profesor otorga una calificación, el alumno cuenta con un tiempo establecido para solicitar la revisión de ese examen, trabajo o actividad evaluada, explica el secretario general, Roberto Ruiz. «Una vez queda registrada y validada la nota, los cambios sólo podrán llevarse a cabo a través de la secretaria académica, previa solicitud del docente», dice, y cualquier modificación posterior en el acta de la asignatura debe ser aprobada expresamente por el secretario general tras una «minuciosa verificación».

Contra los plagios

¿Y contra los plagios? ¿Cómo se defienden estos centros? La respuesta pasa por sistemas informáticos a los que acceden los profesores y que pueden 'destapar' contenidos copiados, pero siempre cotejando los resultados: «Ya contábamos con un programa informático en algunos títulos y centros, pero desde este curso vamos a implementar un software para todos los profesores con el que podrán evaluar todos los TFM y TFG (Trabajos Fin de Máster o Grado)», dice el vicerrector de la UC, que acota no obstante la fiabilidad de esta herramienta: «A veces sale alguna cosa y luego vemos que no es plagio, sino que es contenido que está bien citado y referenciado». Por eso, la fiabilidad al cien por cien la completa la defensa del trabajo ante un tribunal.

En cuanto a las convalidaciones y los créditos cursados, otros de los puntos polémicos de las últimas semanas, en Uneatlántico se aplica «estrictamente» la normativa estatal e interna aprobada en las memorias de cada programa de máster por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). En la Universidad de Cantabria, en cambio, estas decisiones dependen de las comisiones. «Esto tiene ciertas garantías porque no está en manos de una persona o dos, y todos tienen que revisar cada solicitud», explica el vicerrector Ernesto Anabitarte. Lo mismo pasa con los créditos, que se convalidan en función al porcentaje de horas cursadas: «Se mira los créditos que se quieren reconocer y luego, los contenidos, y para ello tienen que aportar la documentación de la asignatura y la guía docente de lo que cursaron». Esa guía docente es, por así decirlo, el libro blanco al que todo alumno debe ceñirse para seguir el reglamento de su titulación, como por ejemplo, la asistencia a clase, una de las cuitas del presidente del PP, Pablo Casado, y su cuestionado máster de Derecho Autonómico, el mismo de Cifuentes de la URJC. En el caso de Casado obtuvo sobresalientes sin acudir a clase, en asignaturas cuya calificación iba precisamente en función de la asistencia.

En Uneatlántico, donde ofrecen este curso diez titulaciones de Máster para 1.223 estudiantes matriculados, la asistencia es obligatoria, aunque hay que tener en cuenta que sólo uno es presencial. En el caso opuesto está la Universidad de Cantabria, donde ninguno de los títulos oficiales son online, pero «no hay ni una obligación general de ir a clase ni un derecho general a no ir», explica Anabitarte, sino que todo depende de lo previsto en la guía docente que se elabora cada curso». El perfil profesional de estas formaciones que cursan alumnos que ya están trabajando hace que se regulen las condiciones de asistencia. Por eso, «la ley exige que se establezcan las condiciones por las que un estudiante matriculado a tiempo parcial puede superar una determinada asignatura presencial».

Tocar las notas sólo por un error o una razón documentada

Los mecanismos que se siguen en la Universidad de Cantabria son «bastante exigentes y los centros los ejercitan con responsabilidad», sobre todo en el reconocimiento de créditos y en cambio de notas: «Aquí es muchísimo más difícil. Jamás se autoriza un cambio de nota por una llamada o por un mail, tiene que haber un expediente y las razones del cambio estar muy bien documentadas para realizarlo». De hecho, dice Anabitarte, muchas veces estos cambios están ligados a errores, como un caso que sucedió hace dos años. «Estaba documentado que había aprobado, pero no constaba», así que el vicerrector sólo autorizó el cambio tras recibir una solicitud «suficientemente documentada». En el caso de Cifuentes, el cambio lo hizo una administrativa a petición de un profesor: «Eso aquí no es posible, en la UC, eso no es posible».

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