Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones

En concreto, lo que reclama el texto es que el Gobierno lleve al Parlamento regional las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito autonómico «que permitan incorporar el principio de prioridad nacional» en este ámbito frente a los migrantes, con independencia de cuál sea su situación legal en España. Además, Vox insta a Buruaga a que se oponga a cualquier «reubicación o acogida en Cantabria de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España, rechazando cualquier reparto impuesto por el Gobierno central o por organismos supranacionales». Lo hace en clara alusión a la llegada prevista de 200 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, a la que Cantabria ya ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición. El Ejecutivo regional se opone a este procedimiento legal que ha salido adelante con la mayoría del Congreso de los Diputados, pero eso no implica que no vaya a cumplir finalmente la ley, como también pide esta proposición de Vox.

Por último, esta formación también exige que se garantice la transparencia en cuanto a la acogida de menores extranjeros no acompañados. Quiere que la Consejería de Inclusión detalle el número de migrantes tutelados que ha habido en la región desde 2019, los centros en los que se encontraban y el coste que suponen para la administración, especificando su edad, sexo y nacionalidad. Da un paso más y pide a Inclusión que informe de las ayudas percibidas «por inmigrantes ilegales» por parte de la Administración cántabra y la fecha en la que los menores abandonan los servicios de acogida y «quedan al albur de las mafias», dando por hecho el fracaso de los programas del Ejecutivo.

Todo lo anterior incluye las peticiones de Vox al Gobierno de Cantabria. A partir de ahí, el texto registrado por Díaz añade otra serie de reclamaciones al Gobierno de España para las que pretende que Buruaga haga de intermediaria. De manera genérica, reclama la «inmediata expulsión» de todos los inmigrantes en situación ilegal y de aquellos legales que hayan cometido delitos graves o que «hagan del delito leve su forma de vida». «Es de sentido común», decía la portavoz de Vox este verano en una entrevista en este periódico. También ve razonable la expulsión de quienes «propaguen ideologías o religiones contrarias a principios y valores fundamentales de nuestra sociedad».

¿Qué religiones encajan con esos valores y cuáles no y quién lo decide? Pues eso no se concreta. Cuestión aparte es si esta medida sería constitucional. Sí concreta la propuesta de incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de la tasa de inmigración ilegal en los barrios bajo la premisa que en los «más castigados» por este fenómeno la convivencia puede estar en riesgo.