La Federación Cántabra denuncia ante Fiscalía las competiciones de Fútbol Rápido
Sospecha irregularidades en las cuotas de los seguros y en el númerode pólizas contratadas
La Federación Cántabra de Fútbol ha anunciado este jueves por la noche a través de un comunicado de prensa que pondrá «en conocimiento de la ... Fiscalía hechos de posible relevancia penal relacionados con la Fundación Martinus», en referencia a lo que considera «irregularidades económicas y de aseguramiento» de la competición futbolística que esta entidad desarrolla en Cantabria y el País Vasco, generalmente bajo la denominación de Fútbol Rápido, y que ha llegado a reunir, entre todas sus sedes y competiciones, a más de cuatro millares de inscritos sumando ambas autonomías.
Ya la semana pasada el organismo que preside José Ángel Peláez había resuelto denegar la autorización solicitada por la fundación para organizar laLiga Santander de fútbol 5, Liga Business de fútbol 7, Liga Radio Marca de fútbol 7 y otras competiciones y torneos de fútbol rápido, todos ellos desarrollados sin el paraguas federativo.
«Como consecuencia de la información recabada en los últimos meses sobre las competiciones organizadas por la Fundación Martinus, desarrolladas en Cantabria y en el País Vasco bajo la denominación Fútbol Rápido o similares, la Real Federación Cántabra de Fútbol ha acordado remitir los hechos a la Fiscalía para su análisis y las actuaciones que en derecho correspondan. La decisión se adopta ante la posible existencia de irregularidades económicas y de aseguramiento en las competiciones organizadas por dicha fundación que podrían afectar a miles de jugadores y equipos», señala el comunicado emitido desde Marqués de La Hermida.
Siempre «con la máxima prudencia y respeto al principio de presunción de inocencia de todas las personas o entidades mencionadas», argumenta que la entidad puede haber «cobrado a cada jugador una cantidad de 65 euros en concepto de seguro obligatorio pese a que el coste real de la póliza asciende a 56 por participante», y asegura que «el número de jugadores asegurados no coincide con los pagos efectuados ni con el volumen real de participantes, estimado en torno a 4.500 futbolistas entre ambas comunidades autónomas. Las pólizas contratadas, según la documentación aportada, tan solo cubrirían a unos mil jugadores, dejando por tanto a la mayoría de los participantes sin la cobertura obligatoria exigida por la normativa deportiva vigente».
El organismo no actuará directamente como acusación particular, sino que se ha limitado a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación para que a partir de ese momento la justicia obre como considere oportuno. Lo hace «en cumplimiento de sus funciones públicas de garantizar la seguridad y la legalidad en las competiciones deportivas», y recuerda que «el aseguramiento deportivo es una obligación legal cuya ausencia pone en riesgo la integridad de los deportistas y la responsabilidad de los organizadores».
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