La Federación Cántabra desautoriza varias ligas externas a su organización

En el texto, la RFCF dice que «la Fundación Martinus es organizadora de dichas competiciones que exigen una autorización previa y expresa de la Federación; autorización que ni se ha solicitado ni se ha obtenido». Además, esgrime que, «entre otras muchas cuestiones, dicha competición debe disponer de una póliza de seguro que cubra los eventuales daños y perjuicios ocasionados a terceros con motivo de la celebración del campeonato; de un seguro de responsabilidad civil; y también ha de disponer de los requisitos legamente establecidos para la apertura y funcionamiento de las instalaciones deportivas en las que se celebra el campeonato».

No es lo único sobre lo que la RFCF justifica su decisión: «También se han detectado diferentes irregularidades susceptibles de ser catalogadas incluso como posibles infracciones administrativas: atribución irregular de oficialidad y falsa representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria; sede social inexistente; pagos de entidades deportivas registradas».

Por último, «de las averiguaciones realizadas se ha detectado un posible uso instrumental de la Fundación como entidad organizadora de competiciones deportivas con o sin ánimo de lucro, eludiendo la constitución como entidad deportiva para eludir determinados controles y obligaciones fiscales». Porque, según la RFCF, «se presenta un modelo económico que, bajo la apariencia de donaciones voluntarias, impone aportaciones económicas obligatorias como cuotas de inscripción imprescindibles para participar en las competiciones».

«Los gastos referidos a cuotas de inscripción y servicios prestados (alquiler de campo, arbitrajes, material, gestión de intranet...) se le da apariencia de ser donaciones, hecho que vulnera la transparencia económica exigida a las fundaciones», agrega el comunicado.

Por último, la RFCF, «de buena fe, inició las actuaciones dirigidas a regularizar la situación tratando de no perjudicar a los deportistas participantes» y para ello «solicitó a la Fundación Martinus con fecha 10 de septiembre de 2025 la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la legislación vigente para otorgar la autorización antes del inicio de las competiciones». Sin embargo, «la entidad organizadora no solo no ha solicitado autorización alguna, sino que tampoco ha presentado la documentación acreditativa correspondiente», concluye el ente dirigido por José Ángel Peláez.