Un informe económico entregado por el Racing a la LFP avala la modificación del convenio de acreedores

Para ello, el Racing ha entregado un informe detallado a la Liga de Fútbol Profesional en el que se enumeran cada una de las razones por las cuales la situación actual de la entidad, acelerada por la devastadora acción de la crisis que ha supuesto la pandemia, es crítica -como la de la gran mayoría de los clubes de la Segunda B y muchos de categorías superiores-. «No es un capricho. Ni mucho menos. Nosotros hemos hecho un estudio y se lo hemos mostrado para que tenga toda la información necesaria y que lo evalúe», añade Alonso.

Entre otras cosas, lo que el club solicita fundamentalmente es la ampliación y fraccionamiento del último pago del convenio de acreedores aprobado en 2011, y posteriormente modificado en 2015, que asciende a 5,7 millones de euros. «Este pago es además el más costoso y coincide en el peor momento», señala el mandatario. Para que esto ocurra, el decreto ley obliga a que el 65% de los acreedores han de darle el visto bueno a la modificación y en el caso del Racing, el 50% del montante total lo controla la LFP.

¿Por qué la patronal es uno de los mayores acreedores del Racing? En la última década y, primordialmente, en la época 'okupa' en la presidencia -últimos años de Francisco Pernía y posteriormente con Harry en la poltrona- se produjeron numerosos incumplimientos con jugadores, técnicos, proveedores... Que tuvo que hacer frente la LFP y como consecuencia de ello pasó a ser una de las entidades con las que el club santanderino empezó a contraer deudas.

Dado que el 50% de ese último montante (5,7 millones) corresponde a la LFP, es la propia patronal la que tiene derecho de veto en esta negociación y la que tiene la llave de la misma. «Sin su aprobación no hay nada que hacer», insiste Alonso.

Las expectativas en las oficinas de El Sardinero son positivas. La relación del Racing con la patronal es fluida; el club verdiblanco fue uno de los apoyos de la LFP en su última asamblea y siempre se ha puesto de cara cuando se ha sugerido y requerido un posicionamiento en favor de la misma.

El calendario de pagos propuesto por el Racing comenzaría el mes que viene, con el abono del 20% de esos 5,7 millones de euros que están pactados desde 2015, es decir 1,14 millones de euros, y de la misma manera se produciría cada mes de diciembre de 2021, 2022, 2023 y 2024. Se prolongaría, por tanto, cuatro años más sin obviar el primer pago que tiene ya fecha inamovible.

«Este es un asunto por el que el Racing trata de buscar su viabilidad. De autogestionarse por sí mismo. Es evidente que tal y como están las cosas, la entidad no genera ingresos propios para poder hacer frente a los compromisos que tiene pactados. Esto hemos tratado de hacérselo ver en ese informe económico que ya maneja la LFP», alude Alonso. Es evidente que el descenso a Segunda B desde el fútbol profesional ha agravado aún más la situación económica y ha convertido esta posibilidad en una vía casi necesaria. «El Racing está incapacitado para pagar por sí mismo», sentencia el director general verdiblanco.

El Grupo Pitma siempre ha repetido en cada ocasión que se le ha requerido que «la estabilidad del Racing no está en peligro» y que tampoco está, en consecuencia, comprometido el pago de esos 5,7 millones de euros pendientes que si no se produjese la solicitada modificación del convenio y que deberá afrontar en un mes. El Grupo Pitma es el máximo accionista y a la vez máximo acreedor del Racing, puesto que todo el montante -la última cantidad de la que se tiene conocimiento es de cerca de 17 millones- que ha ido adelantando para cumplir con las obligaciones -Hacienda, Seguridad Social...- se ha ido sumando al 'debe' particular de la economía de la entidad. Como es lógico, Pitma busca vías que puedan descongestionar esa servidumbre total y absoluta que ahora mismo, y desde hace más de un lustro, mantiene el Racing con el grupo. La reducción de los ingresos que proporciona la estancia en la LFP ha supuesto un cambio de planes radical con su consiguiente precariedad económica. En una Segunda B como la actual y, para colmo, en un escenario de penuria económica como el que ha generado la crisis del coronavirus las llamadas de auxilio, no sólo del Racing sino de todas las entidades, se suceden y pasan por ser una solución urgente.

Nada más aprobarse el decreto ley, el Racing estudió su reducción y «se dio cuenta de que podía solicitar la modificación, porque encajaba en los supuestos». Los responsables económicos analizaron las posibilidades y comprobaron que «se cumplían los requisitos para poder solicitarlo».

Así las cosas, el Racing espera impaciente la decisión de la LFP, que en el caso de que sea afirmativa podrá permitir la autogestión de un modo más desahogado en los próximos cuatro años de este pago.

En cuanto al resto de acreedores del club, de los que también depende que esta solución salga adelante, los responsables del Racing ya han comenzado su ronda. «Hemos hecho un acercamiento, pero de manera muy somera. Sin el sí de la Liga no hay nada que hacer, por eso lo primero es esperar a que ellos se decanten», indica Alonso. Entre las personas o entidades a las que el Racing debe dinero figuran aún Pedro Munitis, Gonzalo Colsa, Coltorti, Diop, Arana, Edu Bedia, Pablo Pinillos, Giovani Dos Santos, Mario Fernández, Francis, Tchité, Rosenberg, Luis García, Moratón... Todos ellos vieron cómo se les reducía a la mitad la deuda después de que con la modificación del convenio de 2015, se produjese una quita del 50% a todos los acreedores, además de que todos ellos -sin excepciones- aceptaron cobrarlo en plazos durante cinco años. De no haberse producido este acuerdo, la supervivencia del Racing hubiera sido una quimera. Ahora, pasado ese lustro que se acordó entonces, de nuevo el club debe recurrir a una negociación para mantenerse en pie. La aparición en escena del Grupo Pitma fue poco más que un bálsamo de vida. Sin su compromiso y sin hacerse cargo de las deudas, difícilmente hubiera salido adelante una economía al pairo y sin posibilidad de ingresos propios tras su descenso al fútbol amateur.

En 2015 se aprobó un calendario que comprendía cinco pagos: en 2016, el 5% de la deuda, que ascendía a casi 12 millones de euros; en 2017, el 35%; en 2018, 20%; en 2019, 20% y en 2020, el 20% final. Todos los pagos estuvieron condicionados a la categoría a la que perteneció el primer equipo, salvo este último que debe afrontar ahora y que es de 5,7 millones -es el más costoso porque se han acumulado las reducciones anteriores al bajar a Segunda B-. El reloj sigue corriendo.