La empresa pública Sogiese pagó 90.000 euros "de forma indebida" a cinco empleados

Sede de la Consejería de Economía, de la que depende la empresa Sogiese./
Sede de la Consejería de Economía, de la que depende la empresa Sogiese.

Una auditoría de la Intervención revela que los salarios entre 2012 y 2015 superaron lo fijado por la ley y reclama su devolución

GONZALO SELLERSSantander

Los salarios más altos del entramado público cántabro se pagan en la empresa Sogiese, encargada de gestionar los proyectos europeos y participada en un cien por cien por el Gobierno autonómico. La Sociedad Interreg Espacio Sudoeste Europeo su nombre completo retribuye con un sueldo medio anual de 44.000 euros a sus diez empleados, frente a un promedio en el conjunto del sector público regional de casi 31.000 euros anuales. Una de las principales razones es que sobrepaga a la mitad de su plantilla por encima de lo permitido por la ley, según una auditoría elaborada por la Intervención General de Cantabria a la que ha tenido acceso este periódico y que el consejero de Economía, Juan José Sota, ya tiene encima de su mesa. Y no sólo eso: además, la empresa pudo recibir "una sobrefinanciación" del Ejecutivo en 2014.

En un contundente informe, que incluye una dura reprimenda tanto a la Dirección General de Economía como a Sogiese por su "inexistente" colaboración en la investigación, el interventor cuantifica en 90.000 euros el dinero "abonado indebidamente" por la sociedad pública a cinco de sus empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años entre 2012 y 2015. También detecta el incumplimiento de tres leyes y la ausencia de informes que avalen otro incremento salarial, el del gerente, producido en el año 2009. El documento resuelve que estos trabajadores y a la entidad deben devolver los 90.000 euros a la Tesorería del Gobierno cántabro.

La primera irregularidad detectada se remonta a 2009, año en el que la entidad comenzó su actividad y Bruselas la designó para gestionar los fondos Feder en el sudoeste europeo (Portugal, España y parte de Francia) en el periodo 2007-2013, renovado después hasta 2020.

En total, gestiona alrededor de 141 millones de euros para iniciativas centradas en la innovación, el medio ambiente, la accesibilidad o el desarrollo urbano sostenible. Una responsabilidad que la Dirección General de Economía cántabra llevaba desempeñando desde el año 2000 sin un órgano específico encargado de hacerlo hasta la fundación de Sogiese.

En sus inicios, el director gerente y la directora del Secretariado Técnico Conjunto cobraban lo mismo, 61.800 euros brutos anuales, pero el primero llegó a un acuerdo con el entonces presidente del Consejo de Administración, sólo nueve meses después, para aumentar su nómina hasta los 63.000 euros. Es decir, 100 euros más al mes.

El informe del interventor revela que esta subida salarial "no se acompañó del preceptivo informe favorable de las consejerías de Presidencia y Economía, como marca la ley". Por eso, al no existir avales "suficientes" para justificar el incremento de 1.200 euros anuales al salario base de la nómina, lo considera una "retribución indebida". Entre noviembre de 2009 y la entrada en vigor de la nueva ley regional que incorporó los "topes salariales", en 2012, el gerente cobró 3.100 euros de más que, según la auditoría, debe devolver al Gobierno.

Casi 10.000 euros más al año

Los otros 87.000 euros reclamados se deben al incumplimiento de la Ley 2/2012 que establece esos límites en las nóminas de los trabajadores del sector público. Y Sogiese los supera ampliamente en las retribuciones de cinco de sus empleados. El gerente, la directora y el responsable financiero y de controles, entre ellos.

El artículo 14 de esa normativa establece un máximo de 54.000 euros para el personal directivo cuyo contrato laboral no esté incluido dentro de la relación laboral especial de alta dirección. Es decir, el gerente de Sogiese cobró, según los cálculos de la auditoría, 9.189 euros anuales de más entre 2013 y 2015, y 4.594 euros en 2012. La directora, por su parte, se embolsó 7.984 euros anuales más de lo debido (3.992 en 2012).

Sumando las retribuciones de los otros tres cargos que ingresaron más de lo estipulado, la empresa pública alcanza esa cifra de 87.000 euros "pagados indebidamente". De nuevo, el documento concluye que los trabajadores deberán reintegrar a la Tesorería ese dinero. Y eso sólo hasta diciembre de 2015. Por cada mes de 2016 que siga sobrepagando a sus cinco empleados deberá devolver 2.073 euros a las arcas públicas regionales.

Con todos estos datos en la mano, el interventor pidió en octubre de 2015 a Sogiese que aclarara este incumplimiento de la ley. El ente respondió dos meses después con un escueto "estamos a la espera de recibir la acreditación solicitada". Pero llegó el momento de cerrar el informe, en diciembre, y la empresa "no aportó documentación ni aclaración alguna".

El Gobierno sí dejó entrever su postura en una respuesta parlamentaria por escrito de este mismo mes, cuando se refirió a las "particularidades y especifidades" de esta sociedad. "Es Europa la que establece la cuantía de la retribución, teniendo en cuenta los salarios del periodo anterior y los que en idénticos trabajos se están percibiendo", señalaron. Pero desde la Intervención insisten en que Sogiese "debe acatar" la Ley 2/2012.

Inconstitucional

El informe también llama la atención sobre otro incumplimiento por parte de la misma entidad: "No redujo su masa salarial un 5% como era de obligado cumplimiento por la normativa 5/2010". Esa ley se aprobó para sostener el plan de reordenación, reajuste y racionalización del gasto en toda la Administración pública de Cantabria. Y esa bajada del 5% fue la medida estrella y más polémica que se aplicó en todas las empresas y fundaciones del Ejecutivo. Excepto en Sogiese.

El ente público entiende que no debía aplicarlo porque buena parte del gasto que ejecuta es de fondos Feder abonados por la Comisión Europea para financiar los gastos de gestión de los programas. Pero la Intervención discrepa. Al tratarse de una sociedad pública regional, dice, "debería haber acatado la ley".

Sogiese, en su escrito de respuesta, no hace referencia a que el Tribunal Constitucional anuló, en enero de 2014, esa medida del Gobierno autonómico. Aún así, el informe deja claro que eso "no exime de su cumplimiento mientras estuvo vigente". Desde la aprobación de la normativa, en 2010, hasta el fallo del TC, la empresa debería haber reducido la masa salarial un 5% y no lo hizo, en opinión del interventor.

Hay una tercera ley a a que el Ejecutivo "ha hecho caso omiso", la de Finanzas, al no haber colaborado en el desarrollo del control financiero. Tanto su participación como la de Sogiese "no ha sido satisfactoria", según el informe, al no haber aportado la documentación solicitada al respecto. "No obstante, su falta de colaboración no ha impedido que se hayan obtenido estos resultados", concluye el alto funcionario.

 

Fotos

Vídeos