El Gobierno "pudo sobrefinanciar" a la empresa pública Sogiese en 2014

Edificio Macho, sede de la Consejería de Economía./
Edificio Macho, sede de la Consejería de Economía.

El informe del interventor detecta deficiencias en la inyección de 225.000 euros para los gastos corrientes del ente, de los que no consta ninguna justificación

GONZALO SELLERSSantander

La empresa pública Sogiese no sólo sobrepagó con 90.000 euros a cinco de sus empleados por encima de lo permitido por la ley entre 2012 y 2015 e incumplió la normativa que obligaba a reducir un 5% su masa salarial, como constata el informe del interventor general de Cantabria adelantado ayer por este periódico, sino que además existen indicios de que recibió una "sobrefinanciación" del Ejecutivo regional en 2014.

El documento, ya en manos del consejero de Economía, Juan José Sota, departamento del que depende directamente la entidad, detecta varias irregularidades en el acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 20 de febrero de hace dos años. En aquella reunión del gabinete del entonces presidente Ignacio Diego, se autorizó una inyección de 225.000 euros a favor de Sogiese, una aportación dirigida a "la financiación global de su actividad en el ejercicio 2014". Es decir, al gasto corriente.

Esa cantidad, como consta en la auditoría, es superior al resultado financiero de la empresa de ejercicios anteriores (-153.627 euros) y al de ese mismo año (-34.084 euros). "De ello cabe inferir que la aportación puede sobrefinanciar al ente", concluye el interventor.

Precisamente, el principal argumento esgrimido por Sogiese para evitar reducir su masa salarial un 5%, como era de "obligado cumplimiento", según el informe, se centró en que buena parte del gasto que ejecuta es de fondos Feder abonados por la Comisión Europea para financiar los gastos de gestión de los programas en el sudoeste europeo (Portugal, España y la zona más occidental de Francia). Pero la Intervención discrepa. Al tratarse de una sociedad pública regional, dice, "debería haber acatado la ley".

La relación de los gastos corrientes, en concepto de contratos, de Sogiese aquel año la encabezan los alquileres de dos oficinas (59.328 euros), dos auditorías (38.100), el mantenimiento de la aplicación informática (23.077) y vuelos y hoteles (20.441 euros), entre otros.

Pero el equipo auditor detectó más irregularidades. El sistema de información contable (SIC) del Gobierno reflejó que el importe a favor de Sogiese se ordenó en mayo de 2014 en un único pago. Pero el acuerdo de aportación dineraria "no reúne todos los requisitos establecidos" en la normativa, ya que "no contempla" ningún plazo para justificar su uso y tampoco menciona "ningún requisito básico" sobre la forma de hacerlo. De hecho, a la fecha de cierre del informe de la Intervención, el pasado mes de diciembre, ni la Dirección General de Economía del Ejecutivo acreditó haber solicitado documentación de ningún tipo a Sogiese, ni la empresa demostró que estuviera en ello.

Consejos para el futuro

Además de detectar estas irregularidades, el interventor aconseja al Gobierno tomar una serie de medidas para que no vuelva a suceder. En próximos acuerdos en los que se conceda aportación dineraria a favor de Sogiese para la financiación de gastos corrientes, con cargo a fondos presupuestarios de la Consejería de Economía, "sería conveniente que se indicase al menos unas instrucciones mínimas relativas al plazo y forma de justificación de dichos fondos". "Dado el carácter de fondo publico del dinero, la justificación de los gastos debería estar supervisada", remata el alto funcionario.

En un contundente informe, que incluye una dura reprimenda tanto a la Dirección General de Economía como a Sogiese por su "inexistente" ayuda en la investigación, el interventor acusa al Gobierno de "hacer caso omiso" a la Ley de Finanzas de Cantabria al no haber colaborado en el desarrollo del control financiero. Tanto su participación como la de la empresa "no ha sido satisfactoria", según el informe, al no haber aportado la documentación solicitada al respecto. "No obstante, su falta de colaboración no ha impedido que se hayan obtenido estos resultados", indica.

El documento resuelve que los cinco trabajadores tres de ellos directivos y a la entidad deben devolver los 90.000 euros "abonados indebidamente" a la Tesorería del Gobierno cántabro. Y esa cantidad se refiere sólo hasta diciembre de 2015. Por cada mes de 2016 que siga sobrepagando a sus empleados deberá devolver 2.073 euros a las arcas públicas regionales.

 

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