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Acceso de Valoria, este viernes, cerrado por el precinto. Juanjo Santamaría

El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria

El cierre está vinculado a los daños que la nave sufrió en el incendio que afectó a la nave en 2022, que la compañía asegura que ya ha solventado

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:33

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'Precintado', es lo que se leía en el cartel que recibía este viernes a los camioneros que llevaban residuos de obra e industriales a la empresa Valoria, situada en Cacicedo de Camargo. La compañía tuvo que cerrar sus puertas de manera obligada el jueves tras recibir dos días antes una resolución del Ayuntamiento, que notificaba que debía adoptar medidas para el cese de la actividad de la empresa y cortar los suministros. Una medida «avalada por dos sentencias firmes judiciales, ambas en abril de 2025, contra las que no cabe recurso», especifica el Consistorio, mientras que desde la empresa afectada critican la gestión municipal, que incluso tildan «de acoso».

El cierre obligado tiene vinculación directa con el importante incendio que la nave de Valoria sufrió en 2022. El fuego causó una serie de daños estructurales que el Ayuntamiento asegura que no han sido subsanados al completo. «La empresa fue requerida en reiteradas ocasiones para que restaurara las condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores sin que se hayan llegado a realizar las obras necesarias tal y como se comprobó en diferentes inspecciones», explican desde el Consistorio a preguntas de este periódico.

Un extremo que, no obstante, niegan rotundamente desde la planta de residuos. Remarcan sus responsables que el Ayuntamiento «nunca ha realizado una inspección» en este tiempo. Es más, insisten en que todos los daños están subsanados e incluso se han añadido «sistemas de última generación», por lo que niegan que la plantilla esté expuesta a ningún tipo de peligro. Eso sí, concreta la empresa que «lo único que nos queda pendiente es una autorización municipal para proceder a un enganche de agua para tener mayor presión, un servicio que es fundamental y que lleva paralizado cinco meses, cuando naves aledañas han obtenido dicha licencia en menos de un mes».

No obstante, desde el equipo de gobierno municipal, a cargo del popular Diego Movellán, no solo ligan el precinto a las consecuencias del incendio de hace tres años. Recalcan también que la nave lleva tiempo siendo foco de múltiples denuncias. «Hay más de 200 quejas vecinales formales registradas por lo que se ha requerido reiteradamente a la empresa la retirada de acopios de residuos, ya que se incumple lo autorizado en la licencia tanto en volumen como en tipología».

En este sentido, los gestores de Valoria reconocen que los vecinos trasladan molestias, pero debidas al trasiego de camiones. Respecto a los residuos, también confiesan que en determinadas épocas «ha habido acopios temporales que se han ido retirando, pero en cualquier caso es falso que el precinto esté vinculado a todo ello, únicamente está ligado a los daños del incendio», reclaman.

Por todo ello, la empresa adelanta que va a «actuar por todos los medios legales para cortar de una vez el acoso injustificado e incomprensible de la actual corporación de Camargo». Asimismo, ha solicitado medidas cautelarísimas al juez que permitan reanudar la actividad cuanto antes porque «esto unos días se puede aguantar, pero más tiempo es una catástrofe». Alertan además que los daños no solo los sufre Valoria, también las empresas que dependen de sus servicios.

«No hay ninguna otra instalación en Cantabria que gestione nuestro mismo volumen de residuos y el cierre causa un caos en grandes empresas de construcción e industriales de la región que al ver que estamos cerrados tienen que irse a País Vasco o devolver sus desechos a sus instalaciones», una situación que «implica grandes perjuicios para ellas porque al tener contenedores bloqueados se satura su sistema y no pueden obtener los certificados de correcta gestión».

El equipo de gobierno de Camargo, no obstante, insiste en que «el cierre de una empresa es siempre una mala noticia que cualquier Ayuntamiento quiere evitar, pero la seguridad no es negociable».

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