El ex 'número dos' de la CAM, absuelto en su primer juicio, porque no «movía los hilos»

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) dio su anuencia y, por eso, no hubo saqueo, al menos en lo relativo a las dietas aparentemente excesivas que cobraron los responsables de su filial industrial (TI) y también a una sospechosa refinanciación crediticia que logró uno de sus altos cargos. Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha absuelto a los acusados al no apreciar delito.

El fallo, hecho publico este martes, supone la primera victoria judicial para el ex número dos de la caja, Roberto López Abad, y su antigua mano derecha, Juan Ramón Avilés, dentro de los procesos que tienen abiertos por su gestión irregular (más dietas, desvío de fondos, etcétera) en compañía de otros altos cargos de la época, como la también ex directora general María Dolores Amoros y el expresidente Modesto Crespo. Claro que los magistrados se limitan a afirmar que no incurrieron en «comportamiento penal alguno», no que se ajustara plenamente a derecho.

En la propia sentencia, de hecho, la Sala avanza que no ha entrado ni «en el acierto» ni en la posible «ilicitud» de los acuerdos de la CAM_analizados, en la medida que entiende que no supusieron un delito. Reprocha así tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a las acusaciones que ejercían el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)_y la Fundación CAM que se hayan centrado en culpar a López Abad, «relegando a nula trascendencia el hecho incuestionable de que fueran otros (los miembros del consejo de administración)» los que dieran su visto bueno a la operación.

Porque los tres miembros de la Sección Cuarta de lo Penal, presidida por Teresa Palacios, recuerdan que fueron esos mismos consejeros los que «votaron favorablemente la propuesta» de dietas totalizaron 1,4 millones de euros entre 2005 y 2011, oscilando entre los 9.000 y los 308.700 euros para los miembros de la comisión de control de Tenedora de Inversiones (TI), la sociedad en la que la CAM_canalizaba sus distintas participaciones industriales.

¿Directivos «descontentos»?

López Abad, entonces director general de la caja, actuó como «mera correa de transmisión» de la orden que le dio el presidente ya fallecido Vicente Sala, afirma el tribunal dando así por buena su versión autoexculpatoria. Incluso estima verosímil su tesis respecto a que la acusación de que él «ideó o planeó» todo este «burdo» plan «pudo» tener su origen en el «descontento» de otros directivos por querer las mismas dietas.

«Tendría que ser el acusado el que moviera los hilos para que todo un consejo de administración se rindiera a unos planteamientos que, además, no eran suyos», concluyen los magistrados para rechazar los argumentos inculpatorios de la Fiscalía (le acusaba de apropiación indebida y administración desleal), que tiene previsto recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Al FGD que asumió la mayoría de las pérdidas de la caja_(inyectó 5.249 millones) antes de su venta al Sabadell y la Fundación de la CAM_ni siquiera «las tiene en cuenta» porque entiende, pese a todo, que no son perjudicados directos.

Tampoco aprecian una conducta delictiva en quien fuera presidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, acusado de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. El tribunal sostiene que el crédito de 18,9 millones que fue concedido a una inmobiliaria de su familia y otras refinanciaciones extraordinarias pasaron «todos los filtros internos» y contaron con la «bendición» de la caja, que «pudo y debió analizar mejor» la operación si veía algo sospechoso en ella.