Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda

Nada más ganar las elecciones hace dos años, María José Sáenz de Buruaga se estrenó como presidenta de Cantabria anunciando una rebaja fiscal que alcanzaba al IRPF y a los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio y transmisiones patrimoniales. En total, 370 millones menos que tendrán que pagar los cántabros hasta 2028, según las estimaciones del Gobierno. La jefa del Ejecutivo ahondó en esa reforma fiscal con un nuevo paquete de medidas dirigido a movilizar el mercado de vivienda y a ayudar a las personas con discapacidad o una enfermedad rara. «Estamos en un proyecto de cambio imprescindible, que no es cosmético, que no es solo de caras ni superficial, sino estructural y muy profundo», señaló Buruaga durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés. Una cita que ha cumplido una década ante las salas abarrotadas en el Hotel Bahía de personalidades políticas –excepto del PSOE, que declinó asistir– y empresariales de la sociedad cántabra.

Entre esos tributos que bajarán el año que viene estará el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hoy la compra de la vivienda habitual tributa al 7% si su valor es menor de 200.000 euros y al 9% si es superior. Con la reforma que plantea el PP, se extiende este tipo reducido del 7% a todas las viviendas de hasta 300.000 euros. Y, en segundo lugar, se amplía hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en actos jurídicos documentados, que ahora está establecido para menores de 36 años, colectivos especiales y municipios en riesgo de despoblamiento.

«Nosotros no estamos en esas actitudes fiscales cuya única motivación es la propaganda política o el interés de perpetuarse en el poder. Al contrario, nuestra filosofía es la de hacer que el presupuesto sea mejor porque la economía vaya mejor», destacó Buruaga.

En cuanto a las deducciones en el IRPF, se extienden las establecidas por arrendamiento de vivienda para menores de 36 años a personas de hasta 40 años con dos o más hijos.

Además, Buruaga anunció mejoras para la situación de las personas con discapacidad, como la ampliación de la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.600 euros, en el caso de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y la extensión de la ayuda doméstica a los hogares con una persona con discapacidad igual o superior al 65%. Finalmente, el Gobierno introducirá una nueva deducción de hasta 1.000 euros en tributación individual y 1.200 en conjunta para personas con enfermedades raras, que en el caso de los enfermos de ELA, llegará hasta los 2.000 euros y, además, sin límite de renta.

«Mientras un año después de la aprobación de la Ley nacional, los enfermos de ELA siguen esperando, Cantabria está hoy a la cabeza del país con ayudas directas de hasta 25.000 euros, a las que ahora se suma esta nueva deducción. Porque para eso, para ser receptiva a las necesidades de los ciudadanos, también está la política fiscal», subrayó la presidenta.

Estos anuncios de rebaja fiscal llegan en un momento especialmente delicado para el futuro Presupuesto. Mientras el Gobierno ultima el documento, los partidos se preparan para unas negociaciones clave en las próximas semanas. Sin la mayoría en el Parlamento, el Ejecutivo corre el riesgo de no aprobarlo si el PRC, con quien ha pactado los dos años anteriores, o Vox no dan el visto bueno. Buruaga dio algunas pistas.

«No veo ninguna razón ni ninguna justificación para que esta vez no pueda ocurrir», dijo en relación a una repetición del pacto con el PRC, la opción que ve más viable. «Los compromisos que hemos ido adquiriendo se han ido cumpliendo en un grado muy razonable, no hay más que escuchar o ver la opinión de los alcaldes del PRC», destacó la presidenta, aunque también reconoció que ahora «la situación es más compleja» que en anteriores ocasiones: «Se nota en el ambiente que estamos ya en la segunda mitad de la legislatura. Es indudable que hay tensiones internas dentro de las distintas fuerzas y empiezan a pesar las estrategias electorales más de lo que es conveniente, pero yo voy a seguir apelando a la responsabilidad y a la madurez».

La dirigente del PP no cuenta, evidentemente, con el voto favorable del PSOE, pero tampoco con el de Vox. Al menos en primera instancia. «Lo veo complicado, no difícil ni imposible. Pero es que hace unos días se ha autodescartado al poner como línea roja para negociar que no acogiésemos menas. Y ellos saben que eso es imposible de cumplir».

En el peor escenario posible, que el Presupuesto no se apruebe por primera vez en los últimos treinta años, los principales proyectos de infraestructuras que tiene en marcha el Gobierno no se verán afectados, según explicó Buruaga. Ni el puente Requejada-Suances, ni la carretera Reinosa-Potes ni el teleférico de Vega de Pas serían víctimas de la falta de unas Cuentas para 2026. «No estamos en esa fase, ojalá, porque eso supone que iría mucho más rápido de lo que queremos ir. Llevan muchos trámites y cuestan mucho tiempo. Aún no tienen consideración en el Presupuesto», indicó.

La presidenta dio algún detalle más de las futuras cuentas, como una inversión pública «como nunca antes», de 556 millones de euros, y un nuevo recorte de la deuda, que a finales de 2025 se situará en el 17% del PIB regional, casi cinco puntos menos que en 2022. Y todo ello se hará, según ha dicho, en paralelo a una mejora de los servicios públicos esenciales, a los que el año que viene se destinarán 417 millones de euros más que cuando llegó al Gobierno en 2023 (245,6 millones más en Sanidad, 119 millones más en Educación y 52 millones más en Servicios Sociales).

Por todo ello, Buruaga aseguró que Cantabria «va por el buen camino» y está inmersa en un proceso de «cambio a mejor». Como, por ejemplo, «generando certidumbre y un clima de complicidad y confianza capaz de atraer inversiones», como los 22 proyectos de ampliación de empresas radicadas en Cantabria que están sobre la mesa y otros 9 proyectos empresariales nuevos, que suman una inversión global de 7.773 millones de euros, la creación de 2.800 empleos y el mantenimiento de otros casi 5.200.

Evidentemente, en esa suma se encuentra el más grande de todos, el del Centro de Proceso de Datos Altamira, que supondrá «la inversión privada más elevada de la historia de Cantabria», con más de 3.600 millones, el equivalente al presupuesto anual de la comunidad y, aproximadamente, la cuarta parte del PIB regional. «Todo ello sin incluir a un sector como el agroalimentario, que va como un tiro y no deja de invertir en su crecimiento y modernización», apuntó la dirigente popular.

Al mismo tiempo, la búsqueda de suelo industrial se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. «Estamos haciendo frente al déficit endémico de suelo industrial que tenía Cantabria, con tan solo 140.000 metros cuadrados disponibles desperdigados en cinco polígonos, que hacían inviable la llegada de cualquier proyecto», destacó la dirigente popular, quien cifró en 5,5 millones de metros cuadrados los que ahora están en tramitación para acoger a más industria.

«Sé que todavía quedan muchos problemas por resolver, pero en estos dos años hemos dado un gran salto adelante. Y ese es el fin último de todo lo que hacemos», destacó la presidenta en su radiografía de lo que ha sido hasta hoy la legislatura que arrancó en junio de 2023.

Buruaga dio una amplia lista de hitos logrados como balance en Sanidad y Educación: ratios de alumnos por aula «nunca conocidos», una plantilla docente «entre las mejores retribuidas de este país»; en el grupo de cabeza de las comunidades con más gasto público y mejores indicadores en educación; mayor inversión en infraestructuras y en atención a la diversidad; una formación profesional «modélica»;el último barómetro sanitario sitúa a Cantabria en la tercera posición de España en satisfacción global con el funcionamiento del sistema sanitario público; la futura ampliación del Hospital de Sierrallana y la construcción del Hospital de Alta Resolución en Castro Urdiales...

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