El juzgado absuelve al exdirectivo de Forjas Cantabria investigado por estafa

Según el auto fechado el pasado 15 de octubre, y al que ha tenido acceso este periódico, de las actuaciones practicadas desde julio de 2018 hasta el pasado verano, «no resulta debidamente acreditada la comisión del delito que dio lugar a la formación de la causa». Es más, de las diferentes diligencias que obran en el procedimiento, «se extrae como primera conclusión que la versión ofrecida por el denunciado en su declaración aparece corroborada por la extensa documentación aportada a las actuaciones, llevando a cabo la operación que realizó para la entidad Forjas de Cantabria de forma transparente».

Noray, que en octubre de 2016 adquirió a la catalana Comforsa la organización por el precio simbólico de un euro, denunció a Fernández por «irregularidades» en la gestión, como supuesta falsificación documental o presuntamente endosar pagarés sin autorización. No obstante, el reciente auto judicial sostiene que «del examen de la documentación que obra en autos se desprende que [...] el montante global descrito coincide con el importe endosado en su origen, por lo que no existen indicios del delito de apropiación indebida por el que se formula denuncia», razona la magistrada Laura Sotorio Fernández Mijares.

Más aún. «Es cierto que la acusación particular cuestiona la validez» de ciertas facturas. «Sin embargo, no aporta prueba alguna de tales afirmaciones».

El archivo provisional no es firme y puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial.

La solicitud de concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander por parte de Forjas de Cantabria trascendió en enero de este año. Una petición para declarar la insolvencia de la firma enclavada dentro del complejo de Sidenor en Reinosa que se planteaba con convenio anticipado y sin quita con objeto de emplear 2019 para ordenar la gestión de la sociedad y volver a operar con normalidad el próximo ejercicio.

De hecho, Noray confiaba en levantar el concurso de acreedores en primavera. «Marzo o abril» era el plazo manejado por los dueños en su momento. De hecho, los propietarios abundaron en que «creemos que es una empresa rentable».

Sin embargo, poco después la situación varió, hasta el punto de que la compañía ve de cerca el escenario de la liquidación después de que el Juzgado resolviera a comienzos de verano que la empresa debía hacerse responsable dentro del marco del concurso de acreedores que aborda la sociedad de una deuda con la Seguridad Social próxima a los 4,6 millones provenientes de la etapa anterior al desembarco de Noray en Reinosa.

Los propietarios actuales de Forjas han estado negociando en Madrid con la Seguridad Social para tratar de escalonar un calendario de abonos para una deuda que se entiende pertenece a Comforsa.

El Gobierno, que colaboró en el proyecto a través del ente público Sodercán, igualmente debía decidir si iniciaba acciones judiciales contra la firma que participó en la operación de 2016. ¿Los motivos? El Gabinete PRC-PSOE defendía de forma rotunda que ese incidente con la Seguridad Social no fue notificado tanto ni a Peña Herbosa como a Noray cuando se ejecutó la transmisión societaria hace tres años. No se informó, incluso, cuando se efectuaba la due diligence para corroborar la salud de las cuentas de la sociedad como paso previo a la compraventa. Aún no ha habido novedades en este sentido.

Desde que solicitó el concurso, si no antes, Forjas ha estado pugnando por la rentabilidad. Sus cuentas de 2018 arrojan unas pérdidas de 335.000 euros y unos fondos propios negativos de 161.000 euros, si bien evitó la disolución con un préstamo participativo de Comforsa, que sigue siendo cliente.