El juzgado declara a Fundinorte en concurso de acreedores a la espera de un nuevo inversor

Según la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la fábrica volverá así a ser tutelada por la sociedad Cifrián, Fernández Sanz, Rubio y Cordovilla SLP, que ya pilotó el proceso anterior que derivó en la compra por parte de los dueños actuales, que contaron con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través de Sodercán y el Instituto de Finanzas regional (ICAF). De hecho, la Administración ha comprometido 3,3 millones de euros desde la reapertura en 2016 y hasta la fecha en la fallida iniciativa industrial. Además, estaba dispuesta a destinar más fondos al proyecto siempre y cuando los empresarios demostraran mayor compromiso con el mismo, algo que finalmente no se ha producido ante la negativa de éstos a inyectar nueva liquidez a la fundición.

Así las cosas, los administradores concursales aceptaron el cargo y esperan reunirse mañana con la empresa para conocer la situación financiera de la misma y las diferentes posibilidades sobre la mesa. El deudor conserva las facultades de gestión y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención del administrador concursal, mediante su autorización o conformidad.

En medio de la pugna que ha vivido el Ejecutivo y el socio privado, que incluso ha acabado en los juzgados en forma de requerimiento de la propiedad para que el Gobierno levantara los avales personales que el Grupo Vela depositó como garantía, en las últimas semanas se ha venido trabajando para buscar un inversor que pueda relanzar la planta de San Felices.

Por el momento se están explorando diversas fórmulas, aunque aún no se ha concretado cuál sería la vía para que un nuevo comprador o compañero de aventura entrara en la sociedad. Pese a todo, se están sucediendo las reuniones en los últimos días.

Con la plantilla en casa después de firmar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha acabado con las prestaciones de parte del personal, varios miembros del comité de empresa, acompañados por el secretario general de Industria de CC OO, Daniel San Miguel, se reunieron esta mañana con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla.

Durante el encuentro se instó al Ejecutivo a aportar información de cómo transcurren las negociaciones para hallar un nuevo comprador, aunque desde el Gabinete PRC-PSOE no se ofreció mayor detalle al respecto a la espera de que cristalice la hoja de ruta.

El personal afectado también puso de relieve ante Revilla el perjuicio del ERTE firmado en su día, especialmente porque en el momento de la rúbrica no se contemplaba que los empleados pudieran pasar tanto tiempo en situación de desempleo, de manera que varios de los damnificados han agotado todas las coberturas.

Por este motivo se hizo una solicitud al Ejecutivo un tanto particular. La pretensión de la plantilla pasa por que el erario público abone una prestación hasta que se produzca la reapertura de la compañía y los trabajadores vuelvan a cobrar un salario. Está prevista una reunión con la Dirección General de Trabajo para estudiar este escenario. En paralelo, y en caso de que Fundinorte camine hacia la liquidación, igualmente se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de articular un plan de prejubilaciones para los operarios que cumplieran los requisitos.

Entre las exigencias del Gobierno para poder seguir apoyando financieramente a Fundinorte aparecían la regularización de las deudas generadas, así como un plan comercial que avalara que la compañía tenía futuro, entre otros. Ahora, con el concurso de por medio, los administradores tienen la palabra sobre los próximos pasos.