El Pacto de Toledo propone volver a revalorizar las pensiones considerando en especial el IPC

Varios miles de jubilados piden «pensiones dignas» por el centro de Madrid. /Fernando Alvarado (Efe)
Varios miles de jubilados piden «pensiones dignas» por el centro de Madrid. / Fernando Alvarado (Efe)

Los partidos dejarían a Gobierno y agentes sociales la opción de modular la inflación con otros factores como el PIB y los salarios

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Pacto de Toledo es todo un elefante político y por eso sus pasos, aunque lentos, parecen firmes. De ahí la importancia de que los grupos parlamentarios hayan alcanzado un principio de acuerdo para recuperar la inflación como elemento importante a la hora de revalorizar las pensiones, según confirmaron este martes varios de ellos.

La nueva fórmula, sin embargo, todavía está abierta. El consenso afecta por ahora al hecho de que el índice de precios de consumo (IPC), apartado del baremo de las prestaciones de la Seguridad Social desde la última reforma del sistema en 2013, vuelva a ser considerado incluso como algo «troncal». Con ello se pondría fin a las subidas mínimas del 0,25% anual que se vienen produciendo durante el último lustro.

Aquel cambio hizo que la inflación pasara a tener un peso muy secundario en la actualización de las pensiones. Se introdujeron tres criterios -diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, variación del número de prestaciones contributivas y evolución interanual de la pensión media- que, en la práctica, hacen que aunque la economía crezca a velocidad de crucero -el PIB encadena ya tres ejercicios creciendo por encima del 3%-, la debilidad financiera del sistema -cerró 2017 con un déficit de 18.800 millones- provoque que solo aumenten el mínimo previsto.

Ahora, hasta el PP -autor de aquella polémica reforma aprovechando su mayoría absoluta y reacio desde entonces a modificarla- está dispuesto a recuperar buena parte del peso perdido por el IPC en esa revalorización. Eso sí, se niega en rotundo a que vuelva a ser el elemento único para realizarla, como ocurría hasta 2013, y en esto parece tener el apoyo tácito de Ciudadanos. El consenso alcanzado en las últimas horas por la mayoría de los partidos es redactar una nueva recomendación -la segunda de la quincena que prevén realizar- para que la inflación resulte «fundamental». La diferencia es que mientras los dos partidos citados quieren que se module con una serie de factores, el resto solo lo aceptaría si queda en manos de la Mesa del Diálogo Social.

Sobre la mesa, como elementos a tener en cuenta en esa posible cesta, están tanto la marcha de la economía -tomando el Producto Interior Bruto, y podría ser que también la productividad- como la evolución de los salarios, ligada a su vez en buena medida a los acuerdos que puedan alcanzar los agentes sociales. Desde el PP también se apunta la posibilidad de considerar cómo vayan las cotizaciones sociales, que a su vez dependen de la marcha del mercado laboral, algo que también podrían ver con buenos ojos desde Ciudadanos. El resto de grupos, sin embargo, insisten en que sean el Gobierno, junto a las principales patronales y sindicatos, quienes se pongan de acuerdo al respecto.

Cuestión de tiempos

De hecho, algunos partidos pretendían que la Mesa del Diálogo Social presentaran una propuesta conjunta antes de cerrar las recomendaciones del Pacto de Toledo. No obstante, y en aras a no ralentizar más un posible acuerdo, aceptarían que lo hicieran ya tras las conclusiones de dicha comisión interparlamentaria, considerando además que el texto último volvería luego a las cámaras para materializarse en una ley.

Tan solo a principios de marzo, tanto el presidente Mariano Rajoy como el ministro de Hacienda veían «anticuado» subir pensiones con el IPC. Incluso el jefe del Ejecutivo descartaba volver a recuperarlo como un factor esencial, pero las protestas multitudinarias de pensionistas y jubilados pueden haberle hecho cambiar de criterio.

Ahora el objetivo final, apuntaron fuentes parlamentarias, es que «no haya pérdida de poder adquisitivo». Por eso aún está pendiente -se tratará en la próxima reunión del Pacto, prevista para el 9 de mayo- de cerrar un acuerdo sobre qué pasará con las pensiones si el crecimiento económico se ralentiza -o incluso resulta negativo-, pues en un contexto de fuerte avance del PIB como el actual sí hay coincidencia en que deberían subir todas.

Tampoco está ultimado el futuro del polémico factor de sostenibilidad, introducido igualmente en la reforma de 2013 para ir moderando la cuantía de las prestaciones conforme a la esperanza de vida. Como está previsto que entré en vigor el 1 de enero de 2019, y se prevén recortes generalizados, algunos grupos han pedido ya su derogación aunque la mayoría -salvo el PP- vería bien una suspensión temporal hasta analizar posibles cambios.

 

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