Planas firma un acuerdo con solo una de las organizaciones agrarias

Desde COAG indican que en su caso siguen en periodo de consulta con sus asociados regionales. E insisten en que «dentro del marco de unidad de acción», hasta que Asaja no tenga su junta directiva nacional este próximo viernes, «no habrá comunicado oficial al respecto». Pero fuentes consultadas indican que la división interna es evidente, sobre todo ante la falta de medidas que se exigían como la entrega de ayudas directas al sector.

«Hemos tomado la decisión de firmar este acuerdo. El tiempo de la movilización ha pasado, los agricultores y ganaderos tenemos que estar en el campo», indicó Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, tras el encuentro con el ministro. «No nos podemos permitir como representantes de agricultores y ganaderos no firmar este acuerdo y esperamos que las demás organizaciones se sumen«, insistió Ramos.

Pese a las discrepancias, todo apunta a que COAG y Asaja se sumarán al acuerdo en los próximos días, poniendo fin a la ola de protestas que se aceleró a principios de febrero, al calor de las movilizaciones en otros países europeos como Alemania y, sobre todo, Francia. «Quiero agradecer el proceso de diálogo y negociación, pero vamos a respetar los modos y los tiempos de cada organización», explicó el ministro Luis Planas durante una comparecencia tras la firma del acuerdo.

La última oferta de su Departamento fue presentada al sector la pasada semana. Un paquete de 43 medidas entre las que destaca como novedad un total de 700 millones de euros en créditos ICO -que implica que se otorguen en condiciones favorables- para agricultores y ganaderos.

Del mismo modo, se mantiene el tipo reducido para el carburante profesional y los fertilizantes, así como la idea de excluir los ingresos por compensación por IVA del límite máximo para tributar en el régimen de módulos.

Más allá de la materia fiscal, Agricultura se compromete a reforzar los seguros agrarios, instando a las comunidades autónomas a complementar la subvención del Estado, hasta alcanzar el límite del 75% establecido en la normativa.

En el acuerdo se incluyen también otros pactos alcanzados con anterioridad, como la creación de una nueva Agencia Estatal de Información y Control Alimentario (que sustituirá a la actual sustituirá a la actual AICA) para reforzar las inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria.

Del mismo modo, se recogen medidas como las alcanzadas en el último consejo de ministros del ramo en Bruselas, como la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC). Entre las medidas que podrían aplicarse de inmediato e incluso con caracter retroactivo están los acuerdos referidos a las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (las denominadas 'BCAM') relativas a la cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles (BCAM 6), la rotación de cultivos (BCAM 7) y el porcentaje mínimo de barbecho (BCAM 8).

Por otro lado, Bruselas ya dio su brazo a torcer con otras medidas como la exención de controles y sanciones para los pequeños agricultores, con terrenos por debajo de las 10 hectáreas de extensión, con el objetivo de aliviar la carga burocrática al sector. Según anticipó Planas, un total de 345.000 agricultores en España se beneficiarán de esta medida.