La asociación del polígono de Guarnizo exige medidas frente a la segunda jornada de huelga del metal

Marcos Díaz Pérez, presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales del Polígono de Guarnizo y Morero, es uno de los que ha exigido que se tomen medidas para garantizar «todos los derechos», y no sólo el de la huelga. Lo ha hecho a través de un escrito formal dirigido a la delegada de Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, en el que además recuerda que desde la Asociación ya se alertó con anterioridad de lo que podía ocurrir y se solicitaron medidas, y tilda lo ocurrido de «inaceptable».

Unas advertencias que Díaz puntualiza en el escrito que no sirvieron para impedir que el martes se formaran barricadas que no sólo afectaron a los trabajadores del sector del metal, sino también a otros, entre ellos empleados sociosanitarios, que se vieron imposibilitados de acudir a sus centros de trabajo.

Por ello, en la segunda jornada que este viernes está convocada, espera que se puedan adoptar las medidas pertinentes para que no sólo sea garantizado el derecho a la huelga –que Díaz defiende en su escrito como una herramienta legítima del sistema democrático–. «Es necesario que haya un equilibrio de todos los derechos constitucionales y se refuercen los mecanismos de seguridad y se habiliten los recursos pertinentes para asegurar la libertad de circulación y el acceso a los centros de trabajo en los polígonos industriales de Cantabria».

También se unió a esta petición la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG), que traslada su «respeto» a las reivindicaciones, pero señala que los piquetes en Guarnizo impidieron el acceso al matadero, lo que ocasionó «un perjuicio significativo, ya que los animales permanecieron en los camiones durante horas, generando una situación de estrés y un problema logístico». «Conocemos de primera mano lo que significa movilizarse para defender nuestros derechos; por ese motivo, apelamos a la confraternización y al entendimiento entre sectores», manifiesta la organización, que pide que se permita el acceso de los camiones al matadero para «evitar mayores perjuicios a los ganaderos, quienes llevan años arrastrando una crisis profunda».