España se libra de un procedimiento por déficit excesivo de Bruselas

Lo ha anunciado a primera hora de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso: «La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas», ha asegurado. Y pocas horas después, Bruselas lo ha confirmado.

El Ejecutivo comunitario preparó un informe para analizar el cumplimiento de los criterios fiscales de doce países, entre los que se encontraba España. El país cerró el año con la cuarta deuda más alta de la Unión Europea (UE) (107,7% de su PIB) y con un déficit del 3,6%, según datos de Eurostat. Estos datos rebasan las líneas rojas de Bruselas del 60% del PIB de la deuda pública y del 3% del déficit, unas normas que quedaron suspendidas por la pandemia, pero se han vuelto a aplicar esta primavera.

En base a estos datos, la Comisión ha decidido abrir procedimientos por déficit excesivo a siete Estados miembros: Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. No así a España, en la que se ha tenido en cuenta el factor de «temporalidad» del déficit, que se reducirá al 3% en 2024 y 2025 «sin que sea necesario tomar más acciones», detallan fuentes de la Comisión Europea. La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, ha destacado que esta decisión «reconoce la reducción sustancial de España en el déficit y la deuda».

De no cumplirse los pronósticos de déficit para este año y observar un desvío significativo, Bruselas podría dar marcha atrás en su decisión y abrir un procedimiento de déficit excesivo en la primavera del año que viene. La primera evaluación tendrá lugar este otoño, aunque todo dependerá del dato definitivo de 2024, que se conocerá entre marzo y abril del año que viene. Por el momento, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha asegurado que «consideramos que el exceso de déficit es temporal», aunque la Comisión permanecerá vigilante.

En sus recomendaciones específicas, Bruselas aconseja a España utilizar los fondos europeos para apoyar la competitividad, en particular en lo relacionado con la transición verde y digital y la modernización del mercado laboral. Exige acelerar los esfuerzos de implementación de los fondos de recuperación y aumentar los esfuerzos en la lucha contra el fraude y la evasión de impuestos. En cuanto al plan de recuperación, la Comisión Europea apremia a «abordar los nuevos retrasos» para la ejecución de los fondos europeos antes de agosto de 2026, una advertencia que llega tan solo una semana después de que el Ejecutivo comunitario autorizara un cuarto desembolso parcial de los fondos Next Generation, de 9.842 millones de euros.

Pide además avanzar en las reformas unidas al cuarto pago, de 7.000 millones de euros, como la reforma fiscal, que debe ser «una parte central de la estrategia de consolidación fiscal». Exige respaldar a las empresas para crear un entorno con más crecimiento y productividad y apunta al «bajo nivel de gasto en investigación e innovación», que sigue muy por debajo de la media de la UE. Insta, igualmente, a abordar la recapacitación de los trabajadores para respaldar las transiciones verde y digital. Señala además que es necesaria una «acción combinada» para aumentar el impacto de los fondos europeos, con reformas que apoyan las inversiones.

La apertura de expedientes deberá recibir ahora el visto bueno de los Estados miembros. Aquellos con deuda y déficit excesivos deberán presentar sus planes fiscales y estructurales antes del 20 de septiembre para plegarse a las nuevas reglas fiscales de la UE.

A partir de ahora, el reto de las cuentas públicas pasa por dos momentos: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y el condicionamiento que tendrán esas cuentas públicas por las nuevas reglas fiscales acordadas en el seno de la UE y que entrarán en vigor el próximo año. Entre otros aspectos, estas normas obligarán a los países con más deuda, como España, a un ajuste obligatorio del 1% anual del Producto Interior Bruto (PIB) de la deuda pública y una reducción de déficit hasta alcanzar el 1,5%.

Las Administraciones Públicas en su conjunto cerraron el año 2023 con un déficit del 3,66% del PIB, situándose así en los 53.556 millones de euros, incluyendo la ayuda financiera a los bancos rescatados en la anterior gran recesión. Esto supone una reducción de más de 10.000 millones y del 16% con respecto a 2022. Con estas cifras, se ha logrado que el saldo negativo esté por debajo del 3,9% recogido en las previsiones remitidas a la Comisión Europea. Lo que ha permitido por cuarto año consecutivo presentar datos muy mejorados con respecto a las tasas de referencia fijadas en el Programa de Estabilidad.

Estos datos se explican, especialmente el último, con el destacado crecimiento que ha experimentado el mercado de trabajo y de las rentas derivadas del mismo, que crecieron en 2023 cerca del 8%. De esta manera, los cerca de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social han permitido que las rentas brutas de los hogares crecieran alrededor del 9%.

Analizando los datos por subsectores, la Administración Central vuelve a ser la que lidera la reducción del déficit. Esta cerró 2023 con 30.828 millones de déficit (2,11% sobre el PIB), un 25,1% menos que en 2022. El subsector Comunidades Autónomas se situó en los 13.254 millones (0,91% del PIB), con una reducción del 12,34%. En las Entidades Locales, la mejoría fue del 18,3%, al caer a los 1.263 millones (0,09% sobre el PIB). Por último, la Seguridad Social registró un déficit de 8.211 millones (0,56% del PIB), situándose así en la línea de las previsiones del Gobierno.

El comportamiento del déficit se explica fundamentalmente por la buena evolución de los ingresos tributarios. En 2023 se alcanzó una recaudación de 271.935 millones de euros, un 6,4% más que en 2022. En general, estos ingresos ligados al gasto tuvieron un comportamiento similar al del ejercicio anterior por las reducciones de IVA tanto en alimentación como en energía. De hecho, de no ser por estos cambios normativos, los ingresos habrían contado con 3.342 millones adicionales. Lo que habría supuesto un incremento de la recaudación del 7,8%. Esto se observa de manera más clara con el incremento del 10,1% en los impuestos directos (IRPF, sociedades o medioambientales) y una subida del 1,7% en la recaudación de los indirectos.

Precisamente en estos días el Gobierno está negociando la posibilidad de mantener la rebaja del IVA de los alimentos básicos, que se encuentra en vigor desde enero -tras la actualización del último plan anticrisis-, después de que el precio de la cesta de la compra siga sin estar completamente controlado. Pedro Sánchez anunció la semana pasada que el Ejecutivo tiene la intención de llevar al Congreso un decreto ley para prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que acaba el 30 de junio: «La evolución del precio de los alimentos aun sigue siendo alta y tenemos que hacer ese esfuerzo enorme para las arcas públicas pero necesario para nuestros hogares», señaló Sánchez. El presidente señaló que planteará esta prórroga al Congreso de los Diputados, donde tiene minoría parlamentaria, con el fin de que salga adelante. «Queremos hacerlo, esa es la voluntad», dijo sin entrar en detalles.

Si así se hace, el Estado asumirá un coste adicional para el erario público. Hasta ahora, la rebaja del IVA de los alimentos ha supuesto un desembolso de 800 millones de euros a cuenta de los Presupuestos prorrogados. Unos 100 millones se habrían perdido por la rebaja del 10% al 5% del IVA de pastas y aceites, y de 734 millones en el caso del resto de productos esenciales incluidos en la medida.