Un tribunal declara ilegales las devoluciones de solicitantes de asilo en las fronteras alemanas

La sentencia de la corte en la capital alemana supone un revés para las iniciativas del Gobierno del canciller federal, el conservador Friedrich Merz, para endurecer la política de asilo, al dar la razón sin posibilidad de recurso en una sentencia de urgencia a tres ciudadanos somalíes que el pasado 9 de mayo fueron enviados desde la ciudad fronteriza alemana de Fráncfort del Oder de vuelta a Polonia pese a solicitar asilo.

La sentencia es la primera dictada desde que entrara en vigor la nueva normativa del ministro federal de Interior, el socialcristiano bávaro Alexander Dobrindt, quien poco después de asumir el cargo a principios de mayo ordenó intensificar los controles fronterizos, rechazar a todo peticionario de asilo y devolverlo inmediatamente el país desde el que había accedido a suelo alemán con el fin de frenar la llegada de migrantes ilegales.

El caso concreto se refiere a tres somalíes, dos hombres y una mujer, que viajaron de Polonia a Alemania en tren y fueron controlados en la estación de Fráncfort del Oder por agentes de la Policía Federal. Pese a expresar su voluntad de solicitar asilo en este país, fueron devueltos ese mismo día a Polonia. La policía argumentó que los interesados procedían de un país seguro.

Los jueces subrayaron que si una persona extranjera expresa su voluntad de solicitar asilo al pisar suelo alemán es obligatorio activar el procedimiento de Dublín. En la misma frontera o su cercanía. De manera que la Oficina Federal de Migración y Refugiados verifique cual es el país responsable de la concesión de asilo. Generalmente, aquel por el que accedieron a la Unión Europea.

Asimismo destacaron que el Gobierno federal no puede invocar el argumento de que el reglamento de Dublín no tenga que aplicarse ante una situación de emergencia, como la supuesta llegada masiva de migrantes ilegales que aduce el Ejecutivo federal. Los jueces establecieron que éste no puede basar las expulsiones en un reglamento excepcional, ya que no se ha demostrado la existencia de una amenaza para la seguridad o el orden públicos.

La medidas dictadas por el Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas que dirige Merz para frenar la migración ilegal habían causado irritación en los países vecinos, sobre todo por las devoluciones de personas en la misma frontera y las largas colas que se producen en las aduanas germanas que retrasan las cadenas de suministros y afectan al empleo transfronterizo.

Los gobiernos de Polonia, Austria y la República Checa rechazaron esa política y advirtieron de que ese tipo de medidas y el control sistemático de las fronteras alemanas atenta contra el derecho de la UE y los acuerdos de Schengen. Pero también numerosas empresas germanas han criticado esas medidas por el retraso que sufren en la llegada de materiales o en la puntualidad de sus trabajadores, que en muchos casos residen en países vecinos y se ven atrapados en los controles.