La ONU trata de desarmar la «trampa silenciosa» de la deuda pública mundial

El de la crisis de deuda es uno de los asuntos que centra el debate en la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo que la ONU celebra en Sevilla hasta el jueves. Con el rechazo de Estados Unidos –el mayor donante del mundo– a respaldar los compromisos que se alcancen en la cita, los países participantes buscan la titánica tarea de reformar la arquitectura financiera global para mitigar esta crisis de deuda. Entre otras, esperan dar los primeros pasos a base de «mejoras» en la fiscalidad –también de las grandes fortunas– o movilizando recursos de los bancos de desarrollo y del sector privado.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, defendió en su discurso inaugural en la cumbre hispalense que «la carga de la deuda está paralizando al mundo en desarrollo». También apeló a «arreglar el sistema de deuda global», que, en su opinión, es «insostenible e injusto». Según Naciones Unidas, la deuda externa de los países menos avanzados se triplicó en los últimos 15 años. Solo el pago de los intereses alcanza los 1,4 billones de dólares al año, su nivel más alto en 20 años. Además, los países en vías de desarrollo sufren tipos de devolución más gravosos que los estados desarrollados a la hora de financiarse.

En la otra cara de la moneda algunas de las causas de este problema, advierten los expertos, se encuentran en malas decisiones ejecutivas. Entre otras, el caso más clásico es el de la multiplicación de grandes obras costosas, especialmente en algunos países africanos, como es el caso de Egipto, que está levantando una nueva capital administrativa a las afueras de El Cairo, y que reciben miles de millones de dólares en préstamos de China, perdiendo, como efecto secundario, soberanía frente al gigante asiático. También ahondan el problemas sucesión de crisis internacionales, desde la pandemia de la covid-19 a los conflictos armados que afectan al planeta.

Dentro de esta espiral, si un Gobierno renuncia a pagar la deuda deja automáticamente recibir nueva financiación, por el temor de los prestamistas al impago. La situación se convierte, entonces, en un bucle del que es difícil escapar. Además, ningún país está, a priori, a salvo de esta trampa. En el sur de Europa esta situación es bien conocida. Durante la crisis financiera, en 2011, España se vio forzada por Bruselas a reformar el artículo 113 de la Constitución para establecer un principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para imponer límites al endeudamiento y vincular la deuda pública al déficit público.

En Grecia, en 2015, se llegó a organizar un referéndum sobre las condiciones impuestas por la troika para rescatar la economía del país. Los griegos votaron por un mayoritario rechazo del 61,37% a las condiciones de austeridad que atraía aparejado el plan. Pero la comunidad financiera internacional hizo caso omiso a esta circunstancia y siguió adelante con el rescate.

Entre los eventos que están tratando este problema en la cumbre de la ONU, este martes se celebró uno conjuntamente entre España y Sudáfrica, dedicado a la sostenibilidad de la deuda en el Sur Global. En el encuentro, Pedro Sánchez defendió que «la arquitectura de la deuda necesita un cambio profundo». «La deuda puede ser una trampa que perpetúe la pobreza», zanjó el presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo también anunció que España ha promovido una alianza que reúna acreedores, deudores, bancos y organismos multilaterales y bancos de desarrollo. Uno de los objetivos pasa por otorgar mayor representatividad a los países del llamado Sur Global, que en la actualidad están excluidos de los foros de acreedores.

En este plan participarán también el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de Asia y el Banco Africano de Desarrollo, así como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Una coalición internacional que busca acelerar la inclusión sistemática de cláusulas de suspensión de deuda en los instrumentos financieros públicos y privados, que permiten suspender temporalmente los pagos de deuda ante eventos extraordinarios como desastres naturales, crisis alimentarias o emergencias sanitarias.