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Raül Romeva (d) y Jordi Turull (i) de Junts pel Sí (JxSí) y Antonio Baños de la CUP, en una imagen de archivo.
Los independentistas aplazan la decisión sobre cómo tramitar las tres leyes de la desconexión

Los independentistas aplazan la decisión sobre cómo tramitar las tres leyes de la desconexión

La Cámara catalana alegará la petición del Gobierno central al TC de un incidente de ejecución de sentencia

Cristian Reino

Martes, 23 de febrero 2016, 12:05

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La mesa de la Cámara catalana ha aplazado para la semana que viene la decisión sobre cómo se tramitarán las tres leyes de la desconexión (hacienda propia, seguridad social y transitoriedad jurídica). Un informe de los letrados del Parlamento autonómico concluyó la semana pasada que, según el reglamento de la propia Cámara, Junts pel Sí y la CUP no pueden tirar adelante una ponencia conjunta, el formato que quieren utilizar para tramitar las leyes, porque necesitan el apoyo de la mayoría de los grupos, extremo que no tienen, porque los cuatro grupos de la oposición se oponen. El informe de los letrados instó a Junts pel Sí y la CUP a reformular los trabajos previos y tramitar las leyes por la vía de una proposición de ley, proyecto de ley o en comisión.

En principio, los independentistas anunciaron ayer que hoy harían oídos sordos al informe jurídico y continuarían con la ponencia conjunta, pero de momento se han dado una semana para decidir (tienen mayoría en la mesa del Parlamento) si siguen adelante, aun con la opinión en contra de los letrados del Parlamento o buscan alternativas.

La cuestión del formato elegido para la tramitación de las tres leyes tiene su importancia, en la medida en que tanto una proposición de ley, como un proyecto de ley o una comisión, serían impugnadas de manera automática por el Gobierno central, y por tanto, la elaboración de las tres leyes quedaría en suspenso. La intención de Junts pel Sí y la CUP es tratar de preservar estas tres leyes hasta su aprobación, prevista para dentro de 17 meses, antes de la convocatoria de la elecciones constituyentes, que ya supondría una ruptura de facto.

La mesa de la Cámara catalana ha decidido además esta mañana encargar a los servicios jurídicos del Parlamento las alegaciones contra la petición realizada por el Gobierno central al Constitucional para que aplique por primera vez un incidente de ejecución de sentencia. El ejecutivo entiende que la Cámara catalana aprobando la creación de una comisión de estudio sobre el proceso constituyente, desobedeció la sentencia del Constitucional que anuló la declaración secesionista del 9-N.

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