Una ex alto cargo de Ángel Garrido, entre los investigados en 'Púnica'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera reunión del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición del PP y Ciudadanos./EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera reunión del nuevo Ejecutivo autonómico de coalición del PP y Ciudadanos. / EFE

Se trata de la ex secretaria general de Medio Ambiente Rosario Jiménez Santiago, que «dio cobertura» a un contrato amañado en 2006 desde Empleo y Mujer, según el auto del juez

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La ex secretaria general técnica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago, ha sido citada como investigada por el juez en la pieza separada de la financiación irregular del PP de Madrid.

La número cuatro de la consejería de Medio Ambiente hasta el pasado 27 de agosto, cuando fue cesada, aparece en la lista de 29 nuevos investigados en esta pieza de la trama 'Púnica', cuyo auto se ha conocido este lunes.

Jiménez Santiago llegó a la consejería en junio de 2018, bajo la presidencia de Ángel Garrido, entonces en el PP y ahora en Ciudadanos, está licenciada en Derecho y es técnico de la administración general de la Comunidad de Madrid. Su implicación en 'Púnica' atiende a su desempeño en la Consejería de Empleo y Mujer durante el gobierno de Esperanza Aguirre en 2005 y 2006, bajo la batuta del también investigado Juan José Güemes.

En concreto, aparece señalada en un contrato de «promoción, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional», que fue adjudicado a la mercantil Over Marketing, en el centro de la trama, por 199.991 euros.

Según el auto, Jiménez Santiago «dio cobertura al desvío de fondos, firmando los documentos de OK de reconocimiento y propuesta de pago, y supervisó las facturas a Over Marketing desde enero hasta diciembre de 2006, dando por bien ejecutado la prestación pese a la no realización de todo el trabajo facturado».

La mercantil dirigida por el investigado Daniel Mercado aparece en el centro de la investigación como la empresa instrumental utilizada por el PP de Madrid para financiarse de forma irregular desde 2004 hasta 2011, al menos.

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