Sánchez se cierra a un adelanto electoral ante el asedio en bloque de las baronías del PP

La iniciativa que el jefe del Ejecutivo había puesto sobre la mesa hace ya unos días para triplicar la inversión en vivienda pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros e impedir que se le levante la protección quedó igual de sepultada por el ruido que su anuncio de una ayuda de 100 euros para la compra de gafas a menores de 16 años la semana pasada, con el escándalo de la militante socialista que ofreció favores judiciales a imputados por corrupción a cambio de trapos sucios de la UCO recién estallado. Y de nada sirvió su llamamiento a dejar «la crispación en el perchero».

La cita empezó con Ayuso cumpliendo su amenaza de levantarse de la mesa si el lehendakari Imanol Pradales o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hablaban en euskera y catalán y siguió, en consonancia con la decisión de Alberto Núñez Feijoó de convocar una manifestación masiva contra el presidente del Gobierno este domingo, con el resto de presidentes del PP aprovechando sus intervenciones para exigir elecciones y dejando en un segundo plano sus reclamaciones sobre los 14 asuntos que habían conseguido meter en el orden del día, contra del criterio gubernamental de centrar el tiro en vivienda y la Formación Profesional y universitaria.

Sánchez, sin Presupuestos y con enormes dificultades para sacar adelante sus leyes en el Parlamento, advirtió de que continúa decidido a gobernar hasta el final de la legislatura, en 2027. No tiene una mayoría sólida pero tampoco Feijóo puede construirla para una moción de censura y    ese, junto a los datos de empleo y crecimiento económico, sigue siendo su banderín de enganche.

Los socialistas alegan, además,    que la cumbre autonómica –cargada de episodios representativos del convulso momento político, como el violento saludo entre Isabel Díaz Ayuso y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica Garcia; la frialdad entre Sánchez y Emiliano García-Page; o la incomunicación entre Carlos Mazón y la ministra y líder de la oposición valenciana, Diana Morant– viene a demostrar que, pese a todo, hay un Ejecutivo que está a los asuntos que preocupan    a los españoles. Y que es el PP el que antepone su interés particular al general.

El lehendakari secundó parcialmente esa tesis contra el PP    sin ahorrar críticas al Gobierno. «Se supone que es un foro para el acuerdo. Y hemos visto una réplica poco edificante del Congreso de los Diputados», se quejó. «Visto lo visto, no sé si vale la pena voler», avisó. Pero no todo el PSOEcree que los populares se equivoquen al pedir poner fin a este mandato. Aunque su posición sea muy minoritaria, el presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, piensa algo similar. Y, pese a no pedirlo expresamente en la reunión a puerta cerrrada, sí advirtió al salir dos cosas. Que «el problema no es sostenerse en el Gobierno; el problema es gobernar y qué se entiende por gobernar». Y que cualquier ciudadano puede ver que «el país es un puzle roto» que conviene «recomponer para salir del clima asfixiante».

Es probable que si esta Conferencia de Presidentes se hubiera celebrado en otra ciudad, el resultado habría sido muy similar. Pero el hecho de que, además, tuviera lugar en Cataluña añadía un ingrediente extra para hacerla explosiva, justo en vísperas de que el Constitucional dictamine a favor de la amnistía para los implicados en el 'procés'; que es,    para el PP y también para Page, el pecado original de una legislatura que en ningún momento ha dejado de pivotar sobre las exigencias del secesionismo.

Tanto Sánchez como Illa aspiraban a poner de manifiesto que su estrategia de «desinflamación» ha servido para la normalización de la vida en Cataluña. Hace unos años habría sido impensable una cumbre de esa naturaleza, encabezada por el Rey, sin grandes medidas de seguridad ni protestas multitudinarias en las calles.    Pero lo que se evidenció en Pedralbes es que la inflamación se ha apoderado de la vida política en el resto de España. Por más que, inicialmente, tanto el Ejecutivo como el presidente de la Generalitat intentaran dejar fuera de la reunión la cuestión de la financiación autonómica y el acuerdo con Esquerra para una suerte de concierto catalán, el PP logró meterlo en el orden del día, como logró meter el controvertido pacto con Junts para la delegación de competencias sobre inmigración a Cataluña.