Feijóo revertirá si gobierna las ayudas que fomentan el «'efecto llamada'» de la inmigración ilegal

La comunidad murciana es un laboratorio donde la inmigración muestra todos sus beneficios y todas sus dificultades. La expansión de la economía regional en las últimas tres décadas se sostiene sobre la mano de obra extranjera, pero en este mismo periodo los choques culturales y las tensiones sociales se han disparado. Sobre este difícil equilibrio entre la necesidad de guardar unos principios humanitarios y atraer además a los inmigrantes para generar riqueza y la exigencia ciudadana de que se mantenga garantizada la seguridad en las calles se mueve el nuevo plan migratorio del PP para el conjunto del país que buscan concretar, en su retiro en Murcia de estos días, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones autonómicos.

Para afrontar los desafíos de la inmigración, el PP cree posible encontrar un camino propio, alejado del 'todos los que vengan serán bienvenidos' del que acusan al Gobierno y de las expulsiones masivas que esgrime la extrema derecha. La hoja de ruta de los populares persigue ligar la estancia de los extranjeros en España con una aportación al bien común de la sociedad. El secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó este sábado que si Feijóo llega al Gobierno, eliminará el Ingreso Mínimo Vital para quienes no coticen. «Contribuir tiene que ser una condición para permanecer en España», ha resumido Tellado, que ha vinculado las ayudas sociales, que «nacieron para proteger a quien lo necesita de verdad», con la generación de un «'efecto llamada'» hacia la ilegalidad.

Para los españoles, según la última encuesta del CIS, la inmigración constituye ya la segunda de sus principales preocupaciones, solo por detrás de la vivienda. El PP considera que su plan conecta con el sentir de la mayoría de sus conciudadanos, que en su día a día conviven con los extranjeros y que necesitan de ellos para sacar adelante sus negocios o cuidar de sus mayores y de sus niños; pero que, a la vez, perciben una mayor sensación de inseguridad en las calles y también, una mayor dificultad para acceder a servicios y ayudas públicas. «La inmigración del Gobierno supone un agravio para las familias que cotizan, para los autónomos y para los parados que han contribuido al sistema, pero también para los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día», dijo Tellado, introduciendo una distinción entre los propios extranjeros: los que contribuyen y los que no.

Además de acabar con lo que los populares atisban como falta de control en los subsidios, Feijóo propone que España proteja sus fronteras; que el país tenga derecho a elegir a «quién entra, cómo entra y para qué entra»; expulsar a todos aquellos extranjeros que cometan delitos contra la libertad sexual o sean reincidentes; y dar prioridad, o como lo llamó esta semana durante un acto en Formentera, a ofrecer «una discriminación positiva» a aquellos nacionales de países «culturalmente próximos». En concreto, los hispanoamericanos.

Tras unas semanas enredados en la discusión sobre Gaza y su calificación como genocidio o no, un marco en el que el Gobierno ha llevado la iniciativa, y acosados por la subida de Vox en las encuestas, los de Feijóo piensan que el viento está volviendo a soplar a su favor, con «negligencias» como la de las pulseras antimaltratato y al calor del avance judicial de las causas por corrupción vinculadas al círculo más cercano de Pedro Sánchez en el Ejecutivo, en su partido y en su familia. «Nosotros trabajamos para los españoles mientras el sanchismo está ocupado en los juzgados: la mujer del presidente del Gobierno, citada una vez más, para escarnio de Sánchez y todo su séquito, para vergüenza internacional», incidió este sábado Tellado.