La Fiscalía rechaza que el Supremo investigue a Bolaños por el 'caso Begoña Gómez'

La posición ha sido fijada por el fiscal del Supremo Fernando Prieto en el informe elevado a la Sala de Admisión, que ahora debe decidir si sigue la línea marcada por el Ministerio Público o, por el contrario, accede a la petición de Peinado. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dirigió una exposición razonada pidiendo que investigara a Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Según fuentes jurídicas, el fiscal sostiene que el instructor no justifica con datos objetivos que Álvarez haya realizado actividades privadas ajenas a la función pública, ni ha explicado, en el caso de que así fuera, por qué Bolaños sería responsable de ello. En este sentido, le reprochan que no haya aportado un mínimo principio de prueba de que Álvarez se extralimitara en las funciones asignadas a su puesto de trabajo.

De la misma forma, le afea que no haya argumentado objetivamente que Bolaños conociera las supuestas actividades privadas de Gómez en las que participaría Álvarez, más allá de lo que califica como proclamas sobre un supuesto conocimiento público y notorio de las mismas. Para la Fiscalía, el instructor tampoco ha fundamentado la supuesta dependencia orgánica y funcional de la asesora respecto a Bolaños, en la que Peinado apoya la supuesta responsabilidad de este último.

Por último, sostiene que Peinado no ha motivado que el entonces secretario general de Presidencia controlara en modo alguno los caudales públicos que se dicen malversados, en concreto, en la gestión presupuestaria.

El juez acudió a la Sala de lo Penal del Supremo, la única competente para decidir sobre la apertura de una investigación contra un miembro del Gobierno, alegando que hay «indicios razonables, sólidos y cualificados» contra el ministro. Justificaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció entre las declaraciones como testigos de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz.

Para ello, citó al ministro tras el testimonio de otro testigo, llamado Alfredo González, que era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se contrató a Álvarez (julio de 2018), porque éste apuntó a Bolaños, entonces secretario general de Presidencia, como su superior jerárquico del momento, del que dijo que dependían realmente los nombramientos discrecionales.

Bolaños, en su declaración, se desmarcó de la designación de la asesora de Gómez, indicando que el responsable «sería la persona que envió un certificado con las funciones de la misma», mencionando en este sentido a Díaz. Sin embargo, Díaz lo negó declarando ante Peinado hasta dos veces, el 14 y el 28 de mayo pasado, para darle «la posibilidad de que recabara la información suficiente» para «facilitar el nombre de la persona que el juzgado pretende conocer», pero en ambas ocasiones «indicó que lo desconocía».

Con todo, el juez considera que Bolaños «ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas contestaciones, que respondieran a una verdad, que conocía, cuando se le han hecho preguntas, como testigo, y bajo juramento». En cuanto a la malversación, razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno, sino también en sus actividades privadas.

Así las cosas, el instructor sostiene que Bolaños «ha podido participar directamente en el nombramiento de Álvarez como personal eventual y ha conocido o no ha controlado las tareas llevadas a cabo por la misma, percibiendo sus retribuciones de una partida de los Presupuestos Generales del Estado».

Para Peinado, en esta tesitura «solo cabría haber acordado la diligencia de entrada y registro en el edificio, perteneciente al Complejo presidencial de La Moncloa, donde constan los archivos en los que ha de aparecer el documento en el que se propone el nombramiento» de Álvarez. No obstante, él mismo dice que, «por ahora, sería contraria al principio de proporcionalidad», si bien aduce que deben realizarse una serie de pesquisas que, por afectar a Bolaños, debe acordarlas el Supremo.

De esta forma, Peinado busca ampliar el catálogo de investigados en el denominado 'caso Begoña Gómez', donde ya constan la mujer de Pedro Sánchez y la propia Álvarez, así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La causa nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas líneas de investigación en la causa consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox.

En la actualidad, Peinado indaga en el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; en la contratación de la mujer de Sánchez para codirigir una cátedra y dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); en la presunta apropiación indebida por parte de Gómez del 'software' de dicha cátedra; y en el nombramiento de Álvarez.