La Fiscalía recurre el procesamiento de García Ortiz porque se hizo sin «garantías procesales ni constitucionales»

La teniente fiscal del Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, pide librar del enjuiciamiento a su jefe directo y a Rodríguez en un recurso de apelación directamente ante la Sala, puenteando al juez Hurtado, a quien además reprocha su «novedosa» tesis de que Moncloa fue la que ordenó a García Ortiz en marzo de 2024 filtrar el mail del abogado de Alberto González Amador en el que éste reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.

El pasado lunes, el magistrado Ángel Hurtado puso punto final a ocho meses de imputación de García Ortiz al tomar la decisión sin precedentes en la historia judicial española de procesar a un fiscal general, además en ejercicio. Hurtado acusó en esencia a García Ortiz de haber sido el brazo ejecutor de una filtración cuya autoría fáctica situó en «Presidencia del Gobierno» con el objetivo «político» de dañar a una adversaria, la jefa del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Hurtado pidió que se abriera juicio a García Ortiz por revelación de secretos –que puede llegar a castigarse con hasta cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación– al entender que hay indicios suficientes de que él fue el cauce para una supuesta operación delictiva al entrar en «una dinámica frenética», siguiendo las «indicaciones» de la Presidencia de Gobierno, a fin de dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto a la pareja de Ayuso; y desvelando para ello el mail del abogado de la pareja de Ayuso.

Ahora, en cambio la Fiscalía rebate la mayor y niega taxativamente que Moncloa estuviera detrás de la filtración. «En ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales se hace alusión a la existencia de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general ni a que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas», denuncia la teniente fiscal. En esa línea argumental, Sánchez Conde pone el énfasis en la «indefensión» de los dos encausados frente a una «imputación» que se produce «ex novo» y contra la cual no se han podido defender en fase de instrucción porque jamás se les preguntó sobre esas supuestas instrucciones desde Moncloa.

Pero más allá de la controversia sobre si Presidencia de Gobierno dio o no presuntas órdenes para difundir el correo que firmaba el letrado Carlos Neira, defensor de González Amador, la Fiscalía defiende que la investigación de Hurtado no ha conseguido un solo indicio de que García Ortiz aireara el famoso mail que la mañana del 14 de marzo de 2024 acabó publicado en su integridad en un medio de comunicación. Sánchez Conde proclama en su escrito la «rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General» y destaca que las acusaciones se basan en simples «inferencias» temporales, por el hecho de que la Ser, que fue el primer medio que difundió la noticia la noche del 13 de marzo, informara de la existencia de este mail poco después de que el correo de marras llegara a manos de García Ortiz. «Una inferencia incompleta –remacha la número 2 de la jerarquía fiscal- al prescindirse de hechos relevantes acreditados».

Sánchez Conde hace suyos punto por punto los argumentos de su jefe de que el correo estaba ya en las redacciones antes de que incluso llegara a manos de García Ortiz. «El propio magistrado reconoce que con anterioridad a la presunta filtración del correo de 2 de febrero de 2024 (el de la admisión del doble fraude) por el fiscal general del Estado circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador de reconocer la comisión de dos delitos fiscales». Es más –argumenta la teniente fiscal- los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que han investigado la filtración declararon que «una pluralidad de personas» conocían también la existencia de ese ofrecimiento previo de pacto.

En esa misma línea, insiste el alegato en que los funcionarios «reconocieron que no habían obtenido prueba alguna de que la filtración hubiese sido realizada por el fiscal general» y que «tampoco existe prueba alguna del concierto» entre Rodríguez y García Ortiz para airear ese documento a la prensa.

«Una pluralidad de personas han declarado haber estado en posesión del correo, haberlo examinado o conocer su contenido con anterioridad a que el fiscal general lo hubiera obtenido», zanja el recurso, recordando que varios periodistas han declarado que tuvieron ese mail con «antelación».