El Gobierno comenzará el lunes el traslado de menores a la península con ocho solicitantes de asilo
El Ejecutivo se compromete con Canarias a que haya dos viajes por semana con entre 15 y 20 solicitantes de asilo
El Gobierno comenzará el próximo lunes los traslados de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península para cumplir de esta forma la ... orden del Tribunal Supremo, que amenazó con sanciones si el Ejecutivo no adoptaba medidas urgentes para los migrantes que se habían quedado fuera del Sistema de Protección Internacional en las islas por falta de plazas. La primera derivación será de ocho adolescentes, aunque el Gobierno se ha comprometido a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados, según ha informado este martes el Gobierno del archipiélago.
El destino de este primer grupo de menores, sin embargo, no está claro. El Ejecutivo central ha evitado concretar a qué comunidades irán los primeros trasladados, una vez que la mayor parte de las autonomías (todas las gobernadas por el PP y alguna socialista, como Castilla-La Mancha) hayan expresado, en diferente grado, su rechazo a las derivaciones. Por el momento, el Gobierno no enviará menores a Madrid, la comunidad que más reticente se ha mostrado a las derivaciones. Hace una semana, el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, ordenó cerrar el gran centro de inmigrantes de la localidad con el argumento de que no tenía licencia y aunque el Ejecutivo central recurrirá ante los tribunales la decisión, ha evitado por ahora entrar al choque directo contra Isabel Díaz Ayuso.
El Ejecutivo ha presentado a Canarias un calendario que apunta a dos derivaciones cada semana en agosto y septiembre para encarrilar los traslados de los solicitantes de asilo, un total de 1.200 menores, y acatar así los autos del Supremo, que desde marzo ha exigido al Gobierno que se haga cargo de los menores solicitantes de asilo cuyas peticiones no habían sido tramitadas ante el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas.
Tras dos meses de evasivas por parte del Gobierno central desde su primer auto, emitido el 25 de marzo, los jueces del Supremo reclamaron a los ministerios implicados en la acogida de inmigrantes, en un duro escrito fechado el 5 de junio, la adopción de medidas urgentes y avisaron de que en caso de incumplimiento, impondrían medidas coercitivas a los responsables de esta gestión. Los jueces concedieron 30 días para que se dotara de los medios personales y materiales necesarios a las oficinas administrativas encargadas de la tramitación de estas solicitudes de protección internacional y 15 días para articular una colaboración «eficaz» con Canarias. Ante este ultimátum, el 23 de junio el Estado se comprometió a garantizar el «acceso inmediato» al sistema nacional de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias.
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