El Supremo pregunta a las partes sobre el resquicio para suspender al fiscal general

Hurtado ha dado tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se posicionen sobre si apoyan o no la reclamación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel para el fiscal general, de apartarle de forma inmediata del cargo una vez que el instructor dé la orden de sentarlo en el banquillo.

El instructor del Supremo reactivó ayer el procedimiento que había dejado en suspenso a la espera de tener el aval de la Sala de Apelación a su instrucción contra García Ortiz. Los magistrados (por dos votos a favor y uno en contra, con voto particular incluido) apoyaron enviar a juicio al fiscal general por haber participado supuestamente en las maniobras para filtrar a la prensa el 13 de marzo de 2024 el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña) reconocía el doble delito fiscal atribuido a su cliente. Los magistrados, no obstante, sobreseyeron la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en esa revelación de secretos.

Aunque ahora ha preguntado a la partes sobre la posibilidad de apartar del cargo al fiscal general, Hurtado rechazó en noviembre, al poco de hacerse cargo de la investigación derivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a una petición similar de suspensión del cargo de García Ortiz procedente de Manos Limpias y de la propia APIF. Entonces, el instructor, que ni siquiera llegó a dar traslado a las partes, denegó la medida.

Entonces, el instructor explicó a las acusaciones que, de acuerdo a su interpretación, la normativa no le permitía tomar una decisión sobre un miembro de la carrera fiscal, ya que ésta –según la regulación del Ministerio Público y del Poder Judicial–    era una prerrogativa interna que, paradójicamente, deja en manos del fiscal general el apartamiento de cualquier miembro de la carrera; pero que no le afectaría a él mismo. En cualquier caso, la petición de suspensión se basaba entonces, como ahora, en que García Ortiz era el superior directo de quien que iba a llevar el caso –la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, su número dos 'de facto'– y que esa situación era incompatible con la neutralidad requerido al ejercicio de sus funciones.

En paralelo, la Sala de lo Penal del alto tribunal desestimó también ayer el recurso de la APIF contra el auto del instructor que denegó varias de las diligencias que solicitó. La asociación, en concreto, propuso que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinase si en el teléfono del fiscal general constaban una serie de números, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; y los de varios periodistas. La sala asegura que esas diligencias no van a aportar nada nuevo tras el borrado sistemático de los dispositivos del imputado.