Peinado imputa por malversación al delegado del Gobierno en Madrid en la causa contra Begoña Gómez

Martín, que declarará asistido de abogado el próximo 14 de mayo, tuvo a su cargo a María Cristina Álvarez, la empleada de Moncloa que fue fichada en 2018 como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, pero que -según constatan varios mails incorporados en la causa- acabó trabajando para la esposa de Sánchez en su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El delegado del Gobierno, que mantiene un enfrentamiento continuo y público con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ejerció como secretario general de la Presidencia del Gobierno entre julio de 2021 y marzo de 2023 (en sustitución del hoy ministro Félix Bolaños, quien ocupó ese puesto entre junio de 2018 y julio de 2021). Por tanto, afirma el auto del juez, fue el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez, también investigada, durante la mayor parte del tiempo en que ésta habría trabajado para la cátedra bajo sospecha, que se creó en otoño de 2020.

Martín forma parte del núcleo de confianza de Bolaños, quien en una primera reacción a la imputación ha asegurado que esta instrucción «ya no es motivo de preocupación para la gente honesta con la conciencia tranquila que se está viendo afectada». «Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país», ha zanjado el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En su resolución, el magistrado acusa al delegado del Gobierno en Madrid de malversación de caudales públicos, al tiempo que rechaza imputarle por tráfico de influencias y prevaricación administrativa, como también reclamaba el partido que lidera Santiago Abascal. Peinado archiva igualmente la querella de Vox por estos mismos hechos contra las propias Begoña Gómez y Cristina Álvarez, al entender que ellas no participaron en el fichaje presuntamente irregular de la segunda.

El juez cita al delegado del Gobierno el mismo día en el que también ha convocado a Álvarez a un careo con Alfredo González, quien fuera mano derecha de Bolaños en Presidencia. El pasado 24 de febrero, González, en su interrogatorio como testigo, reconoció que fue él quien efectivamente propuso el nombramiento de Álvarez como asesora en 2018, pero dijo no saber nada de las funciones posteriores que desarrolló la directora de Programas de Presidencia.

El juez argumenta que -en contra de lo que sostiene la nueva querella de Vox presentada en enero (y que en principio recayó el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid que luego se inhibió a favor de Peinado)- no ve indicio de un «posible delito por desviación de los caudales públicos» en el caso de Begoña Gómez ni en el caso de la propia asesora de Moncloa. Tampoco de un delito de prevaricación en su nombramiento. Sin embargo, justifica que sí procede actuar contra Francisco Martín "por su aparente participación" en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública", relata el magistrado.

El nombre de Cristina Álvarez, imputada desde el pasado 28 de enero, saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntados a la causa contra Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esos mails se evidenciaba que Gómez usó, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico 'software' (programa). Pero esos correos lo que realmente constataron fue que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su testifical del 20 de diciembre antes de su imputación, Álvarez sostuvo que solo ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. Y que no lo hizo como directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, que es el puesto oficial que ocupa.

«Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor; es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la testigo, quien afirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Pedro Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora de Moncloa, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Presidencia el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comento que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.