El 'postamayazo', origen de la 'caja B' del PP de Madrid

Esperanza Aguirre y Francisco Álvarez Cascos, durante la campaña electoral a la Comunidad de Madrid de 2007. / R.C.

El plan para la financiación irregular del partido de Aguirre se consumó en 2003 tras acceder a la presidencia después de la repetición electoral por el transfugismo de dos diputados socialistas

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

«Financiación ilícita del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes. Desvío de dinero público y falsedad documental«. Este es el nombre de la pieza separada del 'caso Púnica' -la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a varias comunidades, según el juez- que ha vuelto a remover los cimientos del partido liderado por Pablo Casado.

El auto conocido ayer en la Audiencia Nacional, en el que el instructor Manuel García Castellón amplía la lista de investigados en esta pieza de 42 a 71 personas, entre ellas las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, relata con todo lujo de detalles el origen de la 'caja B'.

Pese a que la ejecución efectiva de este flujo de dinero data del periodo 2006-2012, coincidiendo con las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, el punto de partida fue 2003.

¿Qué ocurrió ese año? El 25 de mayo se celebraron las elecciones regionales, en las que Esperanza Aguirre no logró la mayoría absoluta ya que PSOE e IU sumaron un diputado más. El 10 de junio se celebró el pleno de investidura en la Asamblea de Madrid, pero dos diputados socialistas no acudieron: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, lo que impidió elegir a Rafael Simancas. Fue el conocido como 'tamayazo', aunque las razones de este transfuguismo nunca se llegaron a sustentar penalmente en los tribunales.

Dado que ninguno de los dos grupos alcanzaron los votos suficientes, se repitieron las elecciones en octubre siguiente. Aguirre esta vez sí alcanzó los escaños necesarios y fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Estrategia de financiación»

Con este contexto político previo, el auto de ayer relata que tras aceder al gobierno autonómico los dirigentes del PP madrileño «fijaron una estrategia para obtener diversas fuentes de financiación, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con unos fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías, y adjudicar, en connivencia con determinados proveedores de confianza, la licitación de determinados contrato de suministros».

Sin embargo, las primeras actuaciones ya se enmarcaron en la campaña de las elecciones de octubre de 2003, la de la primera mayoría absoluta de Aguirre, según el auto. Y el hombre de paja de esta estrategia fue Daniel Horacio Mercado, el empresario investigado responsable de diversas mercantiles de publicidad.

A principios de 2004 la maquinaria ya estaba en marcha. Fue en una reunión en la sede de Presidencia cuando se presentó a los consejeros a aquel empresario y el nuevo logo de la comunidad diseñado por él mismo: «Madrid, la suma de todos». Con esa campaña, presuntamente, empezó la estrategia de la financiación irregular de los populares madrileños.