Más de 40 proyectos de ley, parados por discrepancias en el bloque de investidura
El Gobierno necesita del apoyo de sus aliados para aprobar los Presupuestos y desbloquear a partir de septiembre iniciativas como la reducción de la jornada laboral
El Gobierno encara el nuevo curso político con la confianza de sus aliados al límite y con un amplio listado de promesas y compromisos aplazados ... en el Congreso por la imposible aritmética parlamentaria. Tras cerrar el último curso con un raquítico balance legislativo –el PSOEsolo consiguió aprobar 10 leyes, de las que 8 fueron decretos– y alguna que otra sonora derrota como el rechazo de la Cámara abaja al decreto energético para prevenir apagones, el principal reto de Pedro Sánchez será recabar los apoyos necesarios entre sus aliados para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tras dos prórrogas presupuestarias a sus espaldas. Aunque el presidente anunció en julio que esta vez sí presentaría el proyecto para 2026, no especificó si lo sometería a votación en el Congreso.
La intención del Gobierno es comenzar esas negociaciones en septiembre. Un entendimiento que se antoja complicado después de que Esquerra haya avisado de que no negociará hasta que «Cataluña tenga el sistema de financiación que merece» y con Junts amagando con retirarle su apoyo este otoño por los compromisos incumplidos. No se trata sólo de que el catalán no sea oficial en la Unión Europea. Es todo el paquete que se negoció en la investidura. «No estamos para dar oxígeno al Ejecutivo», avisan desde la formación de Carles Puigdemont.
El mayor obstáculo a superar sigue siendo Podemos, que ha puesto sobre la mesa a cambio del 'sí' de sus cuatro diputados condiciones «inasumibles» por el Gobierno. Los morados reclaman romper relaciones con Israel, una rebaja del 40% en los alquileres aprobada por ley y no gastar en defensa «ni un céntimo más». Tres líneas rojas infranqueables.
Con este panorama de fondo, en la Moncloa no se muestran muy optimistas sobre la suerte de los Presupuestos del año que viene pero no tiran la toalla e insisten en que pase lo que pase no habrá adelanto electoral. El argumento es que el Gobierno dispone de fondos europeos y de mecanismos de prórroga que garantizan la continuidad de la legislatura.
Sánchez busca además recuperar la iniciativa política con la quita de la deuda autonómica, que contempla la condonación de más de 83.000 millones de euros, que el Estado asumirá como parte de su estrategia para reducir el sobreendeudamiento de los territorios, y que coloca al PP en una posición delicada ya que pese a su oposición inicial en el Gobierno no descartan que cuando llegue el momento algunos de sus barones se sumen a la medida. También alumbrando el pacto de Estado sobre el cambio climático, que puso sobre la mesa en respuesta a la ola devastadora de incendios que ha asolado España este verano y para el que tendrá que buscar apoyos en el bloque de investidura después de que Alberto Núñez Feijóo desdeñara la propuesta y presentasen su propio plan antiincendios.
Una mayoría parlamentaria que Sánchez deberá rearmar para que salgan adelante los 44 proyectos de ley que se debatirán en el Congreso a partir del mes que viene. Aunque todo parece indicar que el Gobierno se enfrentará a más de un varapalo en forma de negativa por parte de sus socios a iniciativas como la reducción de la jornada laboral abanderada por Yolanda Díaz, que ya ha amenazado con aprobar por la vía del reglamento, al menos, las obligaciones recogidas en el texto sobre el registro horario si Junts termina manteniendo su no; la reforma para compatibilizar la pensión con un trabajo; el Estatuto del Becario o la ley de Industria. También otras como la ley de Familias que lleva paralizada desde hace un año y medio; o el proyecto de ley que pretende regular la actividad de los grupos de interés o lobbies y sus relaciones con los cargos públicos.
A la espera del resultado de la negociación con el resto de fuerzas parlamentarias se encuentran también la Ley de Movilidad Sostenible —cuya tramitación se paralizó a instancias de sus socios tras el informe de la UCO contra Santos Cerdán—; la ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, también congelada desde hace meses; o la normativa para proteger a los menores de los entornos digitales. Y todo ello a la espera de las posibles novedades judiciales que amenazan con amargar el arranque de curso al presidente del Gobierno.
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