Una reforma de la Constitución necesaria pero sin consenso

Una reforma de la Constitución necesaria pero sin consenso

Entre los grandes partidos no existe una línea de actuación común para impulsar los cambios en la Carta Magna

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

La Constitución cumple este jueves cuatro décadas de vigencia, un aniversario redondo que se presta a homenajes, perfila luces y sombras y, como cada año, reabre el debate sobre la conveniencia de acometer su puesta al día. Los partidos coinciden en que ya toca su reforma en asuntos que llevan tiempo sobre la mesa como la sucesión de la Corona, la consolidación de derechos y el modelo territorial.

Pero, en general, también admiten que no hay consenso suficiente para impulsar unos cambios que obligarían a disolver las Cortes, convocar elecciones generales y celebrar un referéndum. El PP quiere efectuar las adaptaciones imprescindibles; el PSOE apuesta por una reforma federal; Podemos defiende el derecho de autodeterminación y Ciudadanos apuesta por recentralizar el poder.

Un laberinto intransitable que sólo ha visto la luz en dos ocasiones: en 1992, para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las municipales; y en 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron incluir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135. Estas dos modificaciones exprés sortearon la vía del plebiscito al conseguir el respaldo de tres quintas partes del Congreso y del Senado: 210 diputados (de un total de 350) y 156 senadores (de 260).

Un camino que Pedro Sánchez quiere repetir para limitar los aforamientos de los políticos y que puedan ser juzgados como el resto de ciudadanos en asuntos particulares y mantener su estatus legal en aquellos relacionados con el ejercicio de su cargo. Pero la composición actual de la Cámara baja no permite tales alegrías y el Ejecutivo carece de respaldos parlamentarios suficientes. Podemos ameneza además con un referéndum, lo cual podría llevar a nuevos caminos en plena crisis catalana.

PSOE

Ley electoral. Listas desbloqueadas. El modelo permitiría a los electores priorizar a unas personas sobre otras en una lista de partido cerrada. No afectaría al candidato al Gobierno, elegido mediante primarias.

Privilegios políticos. Pretende limitar el aforamiento de los parlamentarios y también de los miembros del Gobierno a asuntos relacionados con el ejercicio de su cargo con una reforma exprés de la Constitución.

Reforma del Senado. Consejo federal con muchas dudas. Propone cambiar su estructura pero no tiene claro si debe estar c ompuesto por miembros de los gobiernos autonómicos (consejeros) o por parlamentarios autonómicos.

Despolitización de la justicia. No elige el Gobierno, pero sí las Cortes: Pretende quitar al Ejecutivo y al Poder Judicial la potestad de elegir a cuatro miembros del Constitucional cada uno y dejarlo todo en manos del Congreso y el Senado.

Reparto de competencias. Reconocer singularidades: Es poco claro. Propone «racionalizar, clarificar y completar» el sistema de distribución competencial y reconocer las «singularidades» de las distintas «nacionalidades y regiones».

Financiación autonómica: Igualdad sin alterar el ranking de renta per cápita: Apuesta por constitucionalizar un modelo que garantice niveles similares de servicios públicos, ligados también a un «esfuerzo fiscal similar».

Partido Popular:

Ley electoral. Prima al más votado: No requiere reforma constitucional, pero busca que en los ayuntamientos gobierne siempre la primera fuerza. Y si la diferencia con el segundo es corta, que haya doble vuelta.

Privilegios políticos. Reducción de los aforamientos pero sin tocar la Carta Magna. Aboga por reducir esta figura y limitar los supuestos por los que algunos cargos público no se enfrentan a la justicia ordinaria.

Reforma del senado. Cámara parlamentaria, pero distinta: No quiere cambiar el sistema bicameral pero aboga por «fortalecer» la posición del Senado en la elaboración y aprobación de leyes de «especial incidencia autonómica».

Despolitización de la justicia. Ambiguo: Prometió en 2011 cambiar la ley, no la Constitución, para que 12 de los 20 miembros del Poder Judicial los designaran los jueces y no las Cortes Generales. No c umplió. Pero la idea aún le ronda.

Reparto de competencia. Es un debate sin resolver. No lo llevaba en el programa electoral, pero algunos barones del PP defienden fijar el reparto de competencias entre el Estado y las autonomías, además de respaldar que Navarra siga siendo Navarra.

Financiación autonómica. Oferta básica: No plantea fijar sus principios en la Constitución. Su programa promete, aun así, un nuevo modelo «estable» que garantice el mismo «nivel y calidad» de servicios en toda España.

Ciudadanos

Ley electoral. Modelo alemán: Los diputados se elegirían simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales. Propone poner un mínimo del 3% de votos en toda España para tener representación.

Privilegios políticos. Acabar con el aforamiento de los representantes públicos. Suprimir también los suplicatorios para delitos o imputaciones, salvo en lo relacionado con la actividad política del parlamentario.

Reforma del Senado. Sustitución por Consejo de Presidentes: Dispondrían de un voto ponderado por población para aprobar ley es que afec ten a la ordenación territorial sobre las que el Congreso tendría la última palabra.

Despolitización de la justicia. Exigen que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados. En su ley apuestan profesionalizar la justicia a través de «un concurso de méritos público y transparente». No a las puertas giratorias.

Reparto de competencias. No más transferencias: Aboga por suprimir el ar tíc ulo 150.2 de la Constitución que permite al Estado delegar competencias a las autonomías, y suprimir la posibilidad de anexión de Navarra al País Vasco.

Financiación autónomica. Exige el fin de los conciertos vasco y navarro. Quiere definir una cartera de servicios mínimos y acabar con las «excepciones territoriales», es decir , con la fiscalidad propia de Navarra y País Vasco.

Podemos

Ley electoral. A favor del modelo alemán. Apuestan por el buzoneo único y el 'sistema cremallera' para aumentar la representación de mujeres en las listas. Proponen bajar la edad mínima para votar a los 16 años.

Privilegios políticos. Quiere acabar con las 'puertas giratorias'. También plantea impedir por ley que un ex alto cargo entre en los consejos de administración de empresas que operan en sectores stratégicos para el Estado.

Reforma del Senado. Representantes de los Gobiernos: Aboga por rebajar el número de representantes, que serían «miembros de los gobiernos regionales» con competencias legislativas sobre asuntos autonómicos.

Despolitización de la justicia. Plantea un Poder Judicial de 15 (y no de 20) miembros elegidos «directamente» por la ciudadanía y un Tribunal Constitucional formado por los candidatos que sobrevivan a las cuotas de veto que tenga cada par tido.

Reparto de competencias. A favor del derecho de autode terminación: Es el único partido de ámbito nacional que defiende dar a las comunidades autónomas la opción de celebrar referendos para decidir su independencia.

Financiación autonómica. Mejorar la eficacia: Promete un nuevo acuerdo consensuado que cumpla los principios de autonomía, solidaridad inter territorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal.

 

Fotos

Vídeos