El Supremo desoye al fiscal general y deja en prisión a Forn

Jordi Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional. /EP
Jordi Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional. / EP

La Sala de Apelaciones rechaza los recursos del exconsejero del Interior y de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La «razones humanitarias» planteadas por el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, no han sido suficientes para modificar la prisión preventiva del exconsejero del Interior Joaquim Forn. Así lo ha decidido la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, que ha dictado dos autos en los que acuerda desestimar los recursos de apelación planteados por la defensa de Forn y por el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, también en prisión provisional sin fianza.

En ambos casos, la Sala de Apelaciones, formada por tres magistrados, comparte el criterio del juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena: se mantiene el riesgo de reiteración delictiva.

En el auto relativo a Forn, el tribunal indica, en primer lugar, que el recurrente mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, «cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años», «hechos entre los que se encuentran aquellos que se orientaban a a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley».

Como segundo punto, la Sala recuerda que Forn ocupó entonces un cargo de especial responsabilidad como consejero, desde el cual se impulsaron y cometieron los hechos que indiciariamente se consideran delictivos, lo que le convertía en uno de los referentes de sus partidarios, «situación que previsiblemente recuperaría en caso de obtener la libertad provisional».

Puigdemont: «Prisión para Forn y Sánchez muestra que son prisioneros políticos»

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont criticó desde Helsinki la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva a Forn y a Sànchez (JxCat) y afirmó que esta medida demuestra que son "prisioneros políticos".

"El señor Forn ha dimitido como miembro del Parlamento catalán, ha decidido dejar la política y aceptar las reglas de la Constitución. A pesar de eso sigue en la cárcel sin una sentencia acusado de delitos como rebelión", dijo Puigdemont en rueda de prensa desde la capital finlandesa.

Puigdemont, huido de la justicia española desde el pasado octubre, señaló que el auto judicial contiene "argumentos políticos, no judiciales, para mantener a Forn y Sánchez en la cárcel", lo que, en su opinión, les convierte en presos políticos.

Dijo también que el sistema judicial español está politizado y "está lejos de ser considerado uno de los mejores y más independientes de Europa", como, a su juicio, han denunciado el barómetro europeo de Eurostat y la organización Jueces por la Democracia.

El político catalán reiteró los mismos argumentos que ya expuso en sus viajes a Dinamarca y Suiza, y señaló que "la única forma de solucionar este conflicto es mediante el diálogo, no con amenazas y represión".

Puigdemont inició su viaje de dos días a Helsinki para continuar su campaña internacional en favor del proceso soberanista catalán con una visita al Eduskunta (Parlamento finlandés), invitado por el denominado Intergrupo de Amigos de Cataluña, del que forman parte ocho de los 200 diputados de la Cámara finlandesa.

Tras visitar el Parlamento, dio una breve charla para explicar su punto de vista sobre la situación política catalana y contestó a las preguntas de los periodistas, antes de dirigirse de nuevo al Parlamento para asistir en la sesión plenaria.

Durante su visita a Finlandia, Puigdemont prevé pronunciar mañana una conferencia en la Universidad de Helsinki, invitado por la Facultad de Ciencias Políticas, bajo el título "Pequeños estados y política en las redes sociales en un mundo globalizado: hacia una república digital en Cataluña".

Asimismo se reunirá con innovadores locales y con el director del centro de pensamiento sueco-finlandés Nueva Sociedad de Política Internacional (NUPS), el exministro Pär Stenbäck.

En relación con la posición mantenida por el fiscal, que solicitó en la vista del recurso la libertad bajo fianza de 100.000 euros de Forn, el tribunal señala que en su exposición el Ministerio Público se limitó a señalar en primer lugar que no existía riesgo de reiteración delictiva, «lo que no acompañó de argumento alguno de sentido contrario».

En segundo término, el fiscal mencionó una enfermedad del recurrente «cuya existencia –destaca el auto—no consta a esta Sala, y que no fue alegada ni documentada por la defensa». El tribunal, teniendo en cuenta estos dos aspectos, concluye que no se aprecian razones derivadas de las mencionadas alegaciones que puedan ser consideradas suficientes para rectificar el criterio del instructor.

«No existen presos políticos»

En relación con el recurso presentado por Jordi Sánchez, la Sala afirma que en este caso «resulta evidente que la magnitud de los indicios y la apariencia de buen derecho, junto con una motivación precisa permiten concluir que la decisión adoptada fue respetuosa con los derechos a la presunción de inocencia».

«El respeto a la ley que los investigados despreciaron con sus actuaciones criminales ha sido precisamente el que ha presidido el dictado de esta resolución, que solo sobre el presupuesto de fundadas razones sacrificaba los derechos invocados», ha señalado el auto.

Del mismo modo, la Sala niega que se hayan vulnerado los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos del recurrente. «No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición. Pretendían, con violencia, absolutamente imprescindible para consumar sus propósitos de sustitución de la legalidad constitucional por otra distinta y espuria, segregar de España un aparte de su territorio. Y ese es un gravísimo delito contra la Constitución española».

 

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