Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
El 66% critica la respuesta del Ejecutivo central y el 61% ve al president como principal responsable político
JC. Ferriol Moya
Domingo, 26 de octubre 2025, 09:20
La dana que el pasado 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y provocó la muerte de 229 víctimas mortales dejó también a su ... paso una terrible sensación de orfandad, de abandono por parte de las administraciones públicas, incapaces de anticiparse primero a la riada y de reaccionar más tarde a la situación de emergencia. Una encuesta elaborada por GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC concluye que la mayoría de valencianos señala al Gobierno central por no haber estado a la altura de las circunstancias. Pero también al president de la Generalitat, Carlos Mazón, al que se considera como el principal responsable político de lo ocurrido.
Los porcentajes son similares, dos de cada tres encuestados. Un 66% responde que 'no' a la pregunta de si el Gobierno de Sánchez respondió adecuadamente a la situación de emergencia. Y un 61% señala la responsabilidad del jefe del Consell, con una diferencia abismal con el resto de opciones por las que se pregunta en el sondeo.
La equiparación de culpas resulta evidente. La bronca entre administraciones que se inició prácticamente desde la noche del 29 de octubre, con esa guerra de relatos sobre lo ocurrido en el Cecopi, la falta de iniciativa de la exconsellera Salomé Pradas, la falta de información sobre la virulencia de las lluvias y los vídeos que se han ido conociendo sobre lo ocurrido en el Centro de Coordinación de Emergencias. Y especialmente, la lenta, lentísima reacción de las administraciones a partir del 30 de octubre, con cientos de vecinos aislados, abandonados a su suerte hasta la llegada algunas jornadas después de los primeros efectivos de ayuda.
Al Gobierno de Pedro Sánchez, zarandeado en aquella visita del 3 de noviembre a Paiporta, se le reprocha la falta de respuesta adecuada –sólo el 30% considera que sí lo fue–. Sánchez no ha vuelto a pisar la zona cero de la dana.
A Mazón, enredado en un almuerzo que se prolongó inexplicablemente, una llegada al Cecopi demasiado tarde y un listado de las llamadas que hizo ese día que tardó un siglo en darse a conocer, se le señala como principal responsable político. Y la próxima declaración ante la jueza de Catarroja de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comía el día de la riada, se ha convertido en una nueva línea roja sobre su futuro político, al que muchos ponen límite en una eventual exposición razonada de la jueza al TSJ valenciano para que sea imputado.
Emergencia nacional
Al president de la Generalitat se le reprocha, por una abrumadora mayoría, que no adoptara la decisión de solicitar al Gobierno la declaración de emergencia nacional. El 89% de los encuestados cree que el dirigente popular debió de haber tomado aquella decisión que, de hecho, le llegó a recomendar el propio líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mazón se negó a dar ese paso, y en le entrevista concedida hace pocas fechas a este diario recordó que una declaración de ese tipo –que el Gobierno central también habría podido ordenar y que habría dejado en manos del ministro del Interior la dirección operativa de la emergencia– no habría provocado en ningún caso que se desplazaran más medios o más efectivos de ayuda a la Comunitat.
A la hora de señalar a Mazón como principal responsable político se produce una circunstancia más que llamativa. Las tripas del sondeo revelan que quienes aseguran haber votado a alguna de las cuatro formaciones políticas con representación en Les Corts coinciden a la hora de señalar al líder del PP valenciano. Esa conclusión es muy generalizada, con porcentajes superiores al 80% entre los votantes de izquierdas, pero también está entendida en los de PP y Vox. El 43% de quienes aseguran haber votado al PP en las últimas elecciones autonómicas considera que el president del Consell es el principal responsable. El porcentaje, de hecho, es más elevado que el de los votantes de Vox que sacan esa conclusión del presidente del Consell (el 37%). Es decir, Mazón encuentra más comprensión entre los votantes del partido que encabeza Santiago Abascal que en su propio partido político.
La actuación del Gobierno de Sánchez, que no se está viendo ayudada en el proceso de reconstrucción a la vista de la lentitud en la llegada de las ayudas a familiares de víctimas y damnificados, no viene acompañada de una censura a todas las entidades u organismos dependientes de su Gobierno que tuvieron protagonismo en el desarrollo de la jornada. Dos de esos organismos son la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar presidida por Miguel Polo. La Generalitat ha venido señalando a una y otra entidad: a la primera, por fallar «estrepitosamente» en la predicción de las lluvias que iban a caer el 29 de octubre en la provincia de Valencia. A la segunda, por el «apagón informativo» a la hora de identificar en ese Cecopi el caudal que bajaba por el barranco del Poyo.
Esa letra pequeña de las responsabilidades de lo ocurrido no es compartida por la mayoría de los valencianos. El 51% considera que las previsiones de la Aemet fueron acertadas, mientras que un 39% consideran que no lo fueron. La Aemet activó a las 7.30 horas del 29 de octubre el primer aviso rojo en Valencia –previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas–, pero la realidad de las lluvias que acabaron registrándose en Utiel, muy por encima de los 700 litros en Turis, y 600 en Chiva, dejó ese mínimo de 180 litros muy lejos de la realidad.
En lo que a responsable se refiere, sólo el 6% de los encuestados considera que el organismo dependiente del ministerio de Transición Ecológica sea el principal responsable político de lo ocurrido.
¿Y Polo? Con el presidente de la CHJ, extraordinariamente discreto desde el día de la dana y hasta su declaración el 19 de septiembre ante la jueza de Catarroja, ocurre algo similar. Al responsable de la Confederación, señalado por la situación de los barrancos, por la retirada a las 17.00 horas de los agentes medioambientales que los vigilaban, y en particular, por el parón -entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre- de los correos electrónicos con los que se informaba del caudal del barranco del Poyo, que pasó de 28 metros cúbicos por segundo a casi 1.700, tampoco se le considera ni primer ni segundo responsable político de lo ocurrido.
Pilar Bernabé
Esa condición de segundo responsable político del drama que se vivió en media provincia de Valencia recae sobre la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El 28% de los encuestados coincide a la hora de concluir que, después de Carlos Mazón, la segunda responsable política es la dirigente socialista. Bernabé ha sido la voz del Gobierno más activa durante todo este año a la hora de defender la actuación de la administración central y de señalar la responsabilidad del Consell de Mazón –razones por las que el propio Pedro Sánchez la elogió públicamente y decidió incorporarla a la ejecutiva federal del PSOE–. Sin embargo, la Generalitat ha venido remarcando su papel en el Cecopi del 29 de octubre, en el que participó de forma telemática, y su declaración ante la jueza de Catarroja en la que vino a reconocer que en la reunión de ese órgano de coordinación de todos los cuerpos que participan en la emergencia, no se habló del barranco del Poyo y sí en cambio del riesgo de rotura de la presa de Forata, que es el que derivó en el envío del Es Alert de las 20.11 horas de ese día, ya con la mayoría de las localidades inundadas.
El drama humano, social y económico que dejó la riada del 29 de octubre ha obligado a las administraciones públicas a volcarse en la recuperación de las zonas afectadas. Diputación, Generalitat y Gobierno han aprobado o adaptado sus presupuestos para destinar cantidades millonarias a esa reconstrucción, por más que los indicadores sobre la marcha de esa actuación sean muy distintos.
¿Pero de quién es la responsabilidad de esa recuperación? El 51% de los encuestados considera que es la Generalitat la que debe ser 'principal responsable de la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana'. El 37%, por contra, considera que ese papel debería recaer en el Gobierno de España, mientras que sólo un 5% opina que esa responsabilidad le corresponde a las administraciones locales.
La letra pequeña de esa respuesta arroja datos muy llamativos. Que la responsabilidad le corresponde a la administración autonómica es la opción escogida por la mayoría de los encuestados que aseguran votar a PSPV y Compromís, con porcentajes superiores al 75% en ambos casos.
En cambio, la mayoría de los encuestados que aseguran votar a PP y Vox entienden que la responsabilidad de la reconstrucción sería más responsabilidad del Ejecutivo central que de la administración valenciana. Otra curiosidad: la mayoría de mujeres, un 57%, cree que es la Generalitat la que debe ser principal responsable de la reconstrucción y la reparación de los daños provocados por la dana, mientras que los hombres se inclinan más (45%) porque sea el Gobierno de Sánchez y no el Consell de Mazón el que lidere y asuma esos procesos.
¿Más preparados?
El sondeo de GAD3 también pregunta por si la Comunitat Valenciana está mejor, igual o peor preparada para afrontar una dana como la del año pasado. Y la mitad de los encuestados se decanta por la segunda opción, la preferida por un 50%. Un tercio de los encuestados cree que está mejor preparada y sólo un 13% que está peor.
La polarización política y el choque entre administraciones, con la central y la autonómica en posiciones destacadas, contribuye a extender una sensación en la que influye singularmente que las infraestructuras que podrían evitar riadas como la de hace un año requieren de una intervención compleja y de obras que requieren mucho más tiempo que doce meses.
El análisis detallado de esa respuesta señala que los votantes del PP son los más optimistas, porque el 43% cree que la Comunitat está mejor preparada, mientras que los Compromís, PSOE y Vox son los que consideran de forma mayoritaria que en el caso de producirse otro fenómeno como el del 29 de octubre, las consecuencias vendrían a ser igual de devastadoras de lo que lo fueron hace ahora un año.
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