2022, el año de las comunidades

En este contexto, ha emergido con fuerza el papel que desempeñan los administradores de fincas, una profesión que el Gobierno de España decretó como esencial al inicio de esta crisis y que ahora, más de año y medio después, se configura como fundamental para que los comuneros recuperen a partir de 2022 la normalidad perdida tras la suspensión por razones sanitarias de más de un millón de juntas de propietarios.

Por tanto, con el nuevo año llegará el momento de ir poniendo al día los presupuestos comunitarios y los cargos directivos que obligatoriamente se han visto prorrogados durante estos últimos dos ejercicios. Una renovación sin duda necesaria e imprescindible, pero que deberá hacerse de manera escalonada y sin prisas, convocando las juntas ordinarias de propietarios en el mes que habitualmente se venían celebrando anteriormente y no antes. Si toca en febrero, que sea pues en febrero; pero si fuera en junio, esperemos a junio. Porque si tratáramos de acelerar este proceso, pretendiendo que todas las reuniones tengan lugar lo antes posible, estaríamos cometiendo un error de muy difícil gestión, además de un flaco favor a esa vuelta a la normalidad que todos anhelamos.

Estoy seguro de que el sentido común, que tanto y tan bien ha imperado durante estos duros y largos meses de pandemia en la inmensa mayoría de los edificios, será el que presida el proceder de la vida comunitaria a partir del nuevo año, en la seguridad de que este será el mejor camino para volver a sentir con plenitud lo que somos: personas que vivimos en comunidad y una gran familia de no convivientes.

Pero con ser el principal objetivo que los administradores de fincas nos hemos marcado en nuestro particular calendario anual, no es desde luego el único. Porque nuestro trabajo en el ejercicio entrante va a venir marcado también por una nueva tarea no menos relevante: la divulgación y gestión de las ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética que serán financiadas por los fondos europeos Next Generation.

Un aluvión de dinero -el Gobierno de Cantabria calcula que la comunidad autónoma podrá recibir cerca de 62 millones de euros hasta 2023- que pretende poner a la rehabilitación en el primer plano de la agenda pública, según resaltó hace unas pocas semanas la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y renovar y adecuar a las actuales exigencias medioambientales un parque edificatorio que, en una tercera parte, está integrado por viviendas construidas antes de los años 80. Un ilusionante reto que sin duda va a necesitar del concurso de todos los agentes implicados en el sector de la vivienda, pero muy especialmente de los administradores de fincas que somos, a la postre, los que estamos diariamente al lado de los vecinos.

Es evidente que nuestra cercanía y contacto permanente con los vecinos nos convierten en personas de su confianza. Y, por ello, que estamos llamados a ser más que nunca los interlocutores entre sus demandas y las distintas administraciones encargadas de impulsar, promocionar y sacar adelante estas obras de rehabilitación.

Pero para poder cumplir con éxito con esta encomienda, los administradores de fincas colegiados necesitamos de la Administración información detallada sobre cuáles serán las diferentes acciones subvencionables, en primer lugar, y después diligencia en la tramitación de los expedientes. Pero ante todo y sobre todo formación para que nosotros podamos hacer llegar en tiempo y forma la existencia de estas ayudas a los vecinos y comunidades de propietarios para que puedan así beneficiarse de ellas.

El reto está ahí, a la vuelta de la esquina. Tenemos una oportunidad histórica para renovar un envejecido parque de viviendas que no podemos desaprovechar. Hagamos todos juntos que sea posible.