Ahora lo que pidan, ¿y después?

Es por ello muy preocupante que cuando una comunidad negocia de forma bilateral con el Gobierno de España, y los acuerdos que adoptan afectan al resto de comunidades no se dé a éstas voz ni voto, no ya en las materias que solo a aquellas afecten sino también en las que de forma colateral, cuando no de forma directa, incidan en el resto. Este proceder, que continuamente podemos observar con las comunidades que disponen de competencias singulares, consecuencia del reconocimiento a las mismas en nuestra Constitución de un régimen especial, cuales son, por ejemplo, País Vasco y Navarra, aunque ello sea por razones tan arcaicas como los llamados derechos forales –como si en España hasta el último villorrio no hubiera gozado en su día de algún fuero o derecho especial concedido por el rey o el señor de turno–, podría extenderse a otras comunidades cuyos partidos independentistas venden sus votos a cambio de obtener privilegios para su comunidad.

Tal sería el caso si ahora a Cataluña se le reconoce su independencia fiscal, por la que se concede a la misma no solo que recaude todos los impuestos generados en la comunidad, sino que también se la reconozca total autonomía para fijar sus propios impuestos pagando al Estado un canon, al estilo del País Vasco con su anacrónico, por no decir antidemocrático, 'concierto económico'. Con ello puede hacer competencia desleal al resto de comunidades, sin que éstas puedan intervenir, en lógica reciprocidad, en los asuntos que a ellas afecten. Lo anterior, junto a los acuerdos que actualmente negocia el Gobierno de España con el de la Generalidad de Cataluña –dirigido, aunque no lo parezca dado su proceder aislacionista, cuando no directamente separatista, por un socialista, el Sr. Illa, además de con el prófugo que cobardemente huyó a Bruselas dejando tirados a sus compañeros de asonada golpista, el Sr. Puigdemont–, está permitiendo que la citada comunidad obtenga derechos altamente beneficiosos para ella que para si quisieran las demás.

Lo anterior, consecuencia de que uno de los dos grandes partidos de ámbito nacional, el antiguo e histórico PSOE, devenido ahora a simple Partido Sanchista, para obtener el poder optó por levantar un muro de separación con el partido que había ganado las elecciones, el Partido Popular, impidiendo así que ambos puedan ponerse de acuerdo para decidir conjuntamente las grandes cuestiones de Estado. Quedó así su Gobierno a merced de los pequeños partidos nacionalistas que, como el PNV, Bildu o los independentistas catalanes, aprovechan tal circunstancia para barrer sistemáticamente para casa, demostrando con su proceder no ya solo querer lo mejor para ellos – que desde un punto de vista egoísta, aunque desde luego muy poco progresista, podría ser visto con cierta lógica–, sino demostrando una deslealtad total y absoluta con el resto de los españoles y con España como Nación.

Es por ello que, ante tal actitud, las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país, el PP y el PSOE, están obligadas a pactar entre si las reformas que sean precisas para la adecuación de nuestra Constitución al momento actual (aunque mientras el Sr. Sánchez siga en la Moncloa eso es imposible, dado que, como ha demostrado sistemáticamente, prefiere destruir España, y hasta su propio Partido, ya a estas alturas irreconocible, antes que dejar el poder).

Para ello sería preciso revertir las concesiones realizadas en favor de tales comunidades con el objetivo de que su integración en el sistema político español lo sea en igualdad de condiciones del resto. Eso debería conllevar, desde la eliminación del anacrónico concierto económico con el País Vasco, a la disposición que posibilita la integración de Navarra en la citada comunidad, pasando por las múltiples competencias singulares reconocidas, o en fase de reconocimiento, a Cataluña. Igualmente, sería fundamental redefinir, en base a la experiencia acumulada, las competencias de los distintos niveles de nuestra organización territorial y suprimir, a la vista del abuso hecho del mismo, el articulo 150.2 de la Constitución que permite la transferencia o delegación de competencias estatales en las comunidades autónomas para, finalmente, aprobar una nueva ley electoral que no convierta, como la actual, a los partidos nacionalistas en árbitros de la política española.