Sobre la quita de deuda

Por un lado, la iniciativa del Ejecutivo central ha sido pactada sin un debate previo con las comunidades, lo que genera un malestar comprensible que algunos parecen no querer reconocer. Por otro, el método elegido para aplicar la quita favorece claramente a quienes más deuda acumulan, sin tener en cuenta si esta deriva de una gestión eficiente o no de los recursos públicos. Además, establece un criterio de cálculo que beneficia a unas comunidades frente a otras, algo que distorsiona el principio de justicia financiera entre territorios. Todo ello supone una debilidad de fondo en el planteamiento inicial, que debería ser revisada y corregida antes de su aplicación.

Ahora bien, más allá de las críticas, lo que resulta difícil de entender es la postura del Gobierno de Cantabria. Mientras otras comunidades autónomas —como Asturias, por citar un ejemplo cercano y comparable— han elaborado sus propios cálculos y han negociado con el Ministerio para mejorar su posición dentro del reparto, en Cantabria no se ha dado un solo paso más allá de la crítica. No hay un planteamiento técnico ni una propuesta política concreta. Ni siquiera se conoce si el Ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones en los trámites previos, como sí han hecho otras autonomías. Solo reproches, lo que deja muy pocas opciones de maniobra.

Desde luego que es criticable el planteamiento del asunto por el Ministerio. Pero la estrategia de confrontación puede acarrear consecuencias serias porque la quita, tal y como se ha diseñado, es un callejón sin salida. Si Cantabria no negocia, no solo quedaría fuera de los beneficios de aquella, sino que tendría que seguir haciendo frente a su deuda en solitario mientras asume su parte alícuota de la condonación de deuda de las comunidades que sí la acepten –seguro ya Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha o La Rioja–. En otras palabras: acabaremos pagando lo nuestro y lo del resto por quedarnos al margen.

Por ello, la situación exigía una reacción inmediata, porque el escenario se conocía desde el principio. Y conviene ser claros: este asunto no se ha abordado desde una visión cántabra sino desde una lógica partidista. Unos porque solo hablan de las bondades en un seguidismo a Moncloa un tanto sonrojante y otros porque han sido fieles seguidores de la estrategia diseñada desde sus cuarteles generales de Madrid sin parar a pensar qué es lo mejor para Cantabria.

Aunque no guste, lanzada la trampa es necesario acomodarse: ni rechazar la medida porque sí ni aplaudirla sin reservas. Bien planteada, puede ser una herramienta útil para sanear las cuentas autonómicas, reducir los gastos financieros y destinar recursos a otras cuestiones. Se trata, en definitiva, de defender los intereses de Cantabria con rigor y autonomía. De presentar una propuesta sólida, basada en datos objetivos y con voluntad de negociar un trato justo, no de levantarse de la mesa porque lo dice la sede de tu partido en Madrid y lamentarse sin ofrecer alternativas, en lugar de plantear mejoras técnicas en los criterios de cálculo, como sí han hecho otras comunidades

Cantabria, en definitiva, no puede permitirse ser mera espectadora, crítica o acrítica, en un asunto que afecta directamente a su estabilidad financiera y, en consecuencia, al bienestar de los ciudadanos. Y menos aún cuando eres una comunidad carente del desarrollo de estructuras de autogobierno y poco sospechosa de despilfarro; o lo que es lo mismo, no nos hemos comportado de forma irresponsable, esperando a que llegue el Estado para rescatarnos como sí vienen haciendo muchas comunidades, las más endeudadas, desde hace lustros. Lo que los economistas llamamos riesgo moral, vamos.

En definitiva, si eres una autonomía, lo eres para algo, no para actuar como una mera sucursal partidista. Compórtense como tal y gestionen con responsabilidad.