La economía sumergida y el fraude fiscal

La economía sumergida abarca todas aquellas actividades económicas que se desarrollan al margen de la supervisión y regulación del Estado. Su principal característica es la ocultación, ya sea para evitar el pago de impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, o el cumplimiento de normativas laborales. Pensemos en el fontanero que hace un trabajo «sin declarar» para llegar a fin de mes, la persona que limpia casas sin contrato para complementar una pensión mínima, o el pequeño vendedor ambulante que lucha por llevar un plato de comida a su mesa. En muchos de estos casos, la inmersión en la economía sumergida no es una elección de lujo, sino una respuesta desesperada a la precariedad y la necesidad de subsistencia. La barrera de entrada al mercado laboral formal, la burocracia, la falta de oportunidades o los bajos salarios empujan a miles de personas a estas actividades para poder vivir dignamente.

El impacto de esta parte de la economía sumergida es, sin duda, negativo para el Estado en términos de recaudación y para el propio trabajador en términos de derechos. Sin embargo, su motivación a menudo es la supervivencia, no la acumulación ilícita de riqueza.

El fraude fiscal, por otro lado, es la acción consciente, deliberada e ilegal de incumplir las obligaciones tributarias con el objetivo de reducir o eliminar el pago de impuestos. Es una infracción o un delito que implica un engaño o la manipulación de la información presentada a la Agencia Tributaria.

Mientras que en la economía sumergida puede haber grados de intencionalidad y necesidad, el fraude fiscal es, por definición, un acto de dolo. Y es aquí donde la doble moral se hace más evidente. Porque la imagen del defraudador que nos venden a menudo es la del pequeño autónomo, pero el fraude fiscal más dañino y cuantioso proviene de otro lugar: de aquellos que ya viven en la abundancia y cuyo único objetivo es detraer fondos públicos que, en su retorcida lógica, consideran «suyos» y que pagar al Estado les parece un «robo» o un «saqueo» de sus fortunas. Este es el punto crucial que, con demasiada frecuencia, se minimiza o se ignora en los estudios y el discurso público sobre el fraude fiscal en España. Cuando se habla de «lucha contra el fraude», la atención suele centrarse en el IVA no declarado por pequeños negocios o los ingresos no registrados de trabajadores modestos. Sin embargo, una parte sustancial, y con frecuencia muchísimo más grande, de la evasión fiscal proviene de grandes patrimonios y corporaciones que utilizan complejas estructuras financieras y legales para evitar la tributación en España y en el resto del mundo.

Estos mecanismos, que no tienen nada que ver con la subsistencia, incluyen: creación de sociedades 'offshore' (empresas pantalla en jurisdicciones opacas para ocultar la verdadera propiedad de bienes, rentas o patrimonio); precios de transferencia abusivos (grandes corporaciones que manipulan los precios de transacciones internas entre sus filiales en diferentes países, desviando beneficios a donde menos impuestos pagan); fideicomisos y fundaciones opacas (utilización de complejas figuras legales para fragmentar la propiedad de activos y eludir la identificación del beneficiario real); residencias fiscales ficticias (grandes fortunas que «emigran» formalmente a países con baja tributación manteniendo de facto su vida y sus principales intereses económicos en España).

Son el epítome de la sofisticación financiera y requieren de un ejército de asesores, abogados y gestores. Su objetivo no es la subsistencia, sino la acumulación incesante de riqueza a expensas del bien común, detrayendo recursos vitales para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. Es un acto de profunda irresponsabilidad social y, sí, una flagrante doble moral: se condena al que defrauda para comer, mientras se mira para otro lado ante el que evade para acumular billones.

Para combatir eficazmente la evasión fiscal y construir un sistema tributario justo, debemos dejar de equiparar realidades tan dispares. La lucha contra la economía sumergida debe continuar, con medidas que también busquen la inserción en el mercado formal de quienes no tienen otra opción. Pero la prioridad absoluta, el foco de la indignación y la acción legal, debe situarse en el fraude fiscal a gran escala perpetrado por aquellos que más tienen y menos pagan.

Esto exige una mayor inversión en recursos y personal especializado para la Agencia Tributaria; intensificar la cooperación internacional y la presión sobre los paraísos fiscales; reformas legislativas ambiciosas que consigan cerrar las lagunas legales y fiscales que permiten la elusión a través de estructuras complejas; y una transparencia radical obligando a la revelación de la titularidad real de empresas y activos a nivel global.

Solo cuando seamos capaces de diferenciar y priorizar la lucha contra el fraude fiscal de la abundancia, dejando de lado la doble moral, podremos aspirar a un sistema fiscal verdaderamente equitativo y a una sociedad donde la riqueza contribuya de forma justa al bienestar de todos.