Desamortizaciones y arbitrarias ocupaciones

Los problemas para la Hacienda estatal se agravaron con la invasión napoleónica y se hicieron inmanejables con el estallido de la Primera Guerra Carlista, cuyos gastos dispararon el déficit público, lo que puso en peligro mortal la supervivencia de la recién estrenada monarquía constitucional. Ese sería el motivo de la llamada Desamortización de Mendizábal, que se puso en marcha en 1836 y que fijó sus objetivos en los bienes del clero regular. En Cantabria, la escasa entidad del patrimonio raíz de los monasterios y de las parroquias no supuso una gran aportación. En conjunto se privatizaron apenas mil hectáreas y unas cuantas decenas de edificios que alcanzaron un valor escasamente superior a los diez millones de reales. Dadas las características del patrimonio rústico del clero montañés, reunido a base de donaciones privadas, la extensión de los montes vendidos no sobrepasó las cien hectáreas (82,41).

El otro gran proceso fue la llamada Desamortización de Madoz, que abarcó casi toda la segunda mitad del siglo XIX. El motivo sería el mismo, la debilidad de la Hacienda Pública al movilizar recursos para relanzar la economía nacional, una parte de los cuales se destinaría a poner en marcha una importante red ferroviaria. Para ello, los bienes que se lanzarían al mercado serían las propiedades de los concejos y ayuntamientos, lo que redundaría en perjuicio de las comunidades rurales que se verían privadas de sus tradicionales ingresos, y sus vecinos, de las tierras que complementaban sus escasos patrimonios.

Este proceso desamortizador tuvo dos consecuencias, una deforestación brutal en las comarcas afectadas -sobre todo en las dos Castillas- y la marcha forzada de campesinos que se quedaron sin tierras. Fue el primer gran desastre ecológico de la historia de España y, al tiempo, el inicio de la despoblación rural, un proceso que aún no ha concluido.

En el caso de Cantabria, la Desamortización de Madoz apenas afectó a las propiedades comunales, gracias a un providencial mandato legislativo. El catálogo de montes quiso exceptuar de las ventas a todos aquellos cuyo arbolado fuera susceptible de convertirse en material de construcción naval con destino a la Marina de Guerra, una cautela muy demostrativa del estado técnico tan precario de la sociedad española en un momento en que algunas potencias equipaban sus naves con cascos de hierro y con máquinas de vapor. Pero esta circunstancia salvó a los montes públicos de Cantabria, puesto que solo se vendieron 1.549 hectáreas, mientras que se libraron del hacha desamortizadora 175.731. Así que entre las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz se enajenaron 1.700 hectáreas de montes, manteniéndose en el dominio público una superficie forestal cien veces mayor.

Otro proceso más impactante y todavía sin analizar a fondo, se dio entre finales del XIX y las primeras décadas del XX. Hay que señalar el término con el que esta nueva situación fue bautizada: 'roturaciones arbitrarias'. No va a abordarse aquí la reglamentación de la ley correspondiente, pero sí puede afirmarse que la superficie privatizada en esta ocasión superó las 3.000 hectáreas.

La legalización de estas 'ocupaciones arbitrarias' en 1923 por el Gobierno de Primo de Rivera fue en gran medida una táctica del dictador para conseguir el apoyo de la población rural y de los caciques locales al partido que había puesto en marcha, la Unión Patriótica, cuyo fin era el de sustituir al resto de agrupaciones políticas y basar su gobierno en un sistema de partido único. La legalización de las 'ocupaciones arbitrarias' buscaba el apoyo de las clases rurales a este proyecto del régimen primorriverista. Solo en la primera fase, hasta 1929, se legalizaron 11.637 fincas ilegalmente ocupadas. El proceso continuó hasta 1931, con lo que es posible que se superaran las 30.000. Todavía no puede calcularse la totalidad del proceso, que afectó sobre todo a municipios costeros: Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Camargo, Piélagos, Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo con 3.184 fincas privatizadas en 1829. Lo que reveló este proceso fue la falta de control por parte de las autoridades, tanto estatales como provinciales y locales, de las propiedades rústicas públicas a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Hoy, un siglo más tarde, continúa la problemática. No parece que los gobiernos locales ni regionales, ni tampoco el central hayan conseguido encauzar o, al menos, organizar los procesos que tienden a apoderarse de las propiedades públicas en beneficio de los intereses privados.