(Des)equilibrio territorial

En efecto, por mucho que nos empeñemos en ponderar todo lo que de bueno (sosiego, aire puro, relaciones sociales, etc., etc.) tiene la vida en los pequeños pueblos de nuestra geografía, son muchos más los elementos que juegan en su contra. En palabras de Llamazares «cerca de un millón y medio de españoles no tienen ya oficina bancaria ni cajero automático en sus municipios. Naturalmente, en la mayoría de ellos ya no quedan tampoco tiendas, ni bares, ni negocios de ninguna clase». Tampoco quedan, por ejemplo, consultorios médicos ni escuelas, y la mayoría de ellos no cuentan con un acceso decente a internet, entre otros servicios públicos esenciales.

Ante un panorama como este, y pese a algunos ejemplos concretos en sentido contrario, no es de extrañar que la diáspora del campo a la ciudad se haya ido acentuando con el paso del tiempo, hasta el punto de que la España rural, que nunca estuvo densamente poblada, se ha convertido, ahora, en la España vaciada o vacía.

¿Y qué han hecho y hacen los gobiernos, sean estos del color que sean, no ya para revertir la situación sino, al menos, para no agravarla? Pues, para decir la verdad, muy poco o nada. Este asunto ha saltado a la palestra precisamente a raíz de las inversiones mil-millonarias que, según parece, el Gobierno español se plantea realizar en la ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Entendiendo que tales inversiones pueden ser necesarias para mantener y acrecentar la competitividad de nuestro sistema de transportes y suponiendo, lo que está por ver, que las mismas no tengan nefastos efectos medioambientales (sobre todo en el caso del aeropuerto de El Prat), lo que llama la atención, una vez más, es que haya suficiente dinero para llevar a cabo estas grandes inversiones y nada o prácticamente nada para hacer de nuestro medio rural un ecosistema más amigable para vivir y trabajar.

Claro está que actuaciones (o propuestas de actuaciones) como las mencionadas no deberían de sorprendernos pues, respondiendo a la lógica del mercado, son el pan de cada día. Si hace poco comentaba que Cantabria está dejada de la mano del Gobierno central en materia de infraestructuras de transporte, precisamente por su reducido peso económico y demográfico, otro tanto de lo mismo puede decirse de la España rural. Como la población y la actividad económica se concentran cada vez más en unos pocos grandes núcleos urbanos, el resto del país tiene cada vez menos capacidad de presión y, consecuentemente, se va haciendo más y más irrelevante desde el punto de vista político. Lamentablemente, esto sucede no sólo por parte del referido Gobierno central, sino también por parte de los gobiernos autonómicos, incluido el cántabro. En este sentido, es preciso recordar que –pese a que la comunidad autónoma tiene asumida la competencia en materia de ordenación del territorio con el objetivo de promover un desarrollo económico más potente, más equilibrado (sectorial y geográficamente) y más sostenible– poco es lo que se está haciendo al respecto.

En esta materia, en efecto, no hay diferencias entre gobiernos, pues, como subrayaba Llamazares en el artículo citado, «todos ellos buscan la máxima rentabilidad política y esa no se consigue en esas regiones, provincias o territorios que por su escasa población no pesan». Y, sin embargo, no debería ser así. No se trata sólo de preservar un estilo de vida, sino de preservar la vida. El último informe de la ONU sobre el cambio climático deja bien a las claras que, o luchamos por revertir el deterioro medioambiental (y el equilibrio campo-ciudad es, en este sentido, un elemento fundamental), o estamos condenados a los mayores desastres naturales (desertificación incluida) de todos los tiempos. Afortunadamente para nosotros, los fondos NGEU –al tener una fuerte impronta medioambiental- nos ofrecen una gran oportunidad para actuar de forma correcta en todo lo relativo a la preservación del medio ambiente y del reequilibrio campo-ciudad. Seamos inteligentes y aprovechémosla.