Ábalos contra Sánchez
Con el 'caso Koldo' y la resistencia del exministro a dejar su escaño, el inicio de la legislatura se sigue colmando de factores de inestabilidad
La Ejecutiva del PSOE dio ayer a José Luis Ábalos un ultimátum de 24 horas para que renuncie a su acta de diputado por su « ... responsabilidad política» en la trama de corrupción de la que era partícipe Koldo García, su hombre de confianza como ministro de Fomento y secretario de Organización. Un contundente emplazamiento público al que el afectado respondió dimitiendo solo de la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso en un pulso que no está en condiciones de ganar, salvo que maneje datos comprometedores que puedan derribar al Gobierno. A la impaciencia socialista por deshacerse de su exparlamentario se le suma la sensación de agravio del ahora repudiado.
Es lógico que Pedro Sánchez se esfuerce en ofrecer una imagen de ejemplaridad contra la corrupción y tema que las supuestas actividades irregulares del exasistente de Ábalos u otros comprometan a su partido y a su Gabinete. En ese contexto hay que entender la propuesta del PSOE para investigar en el Congreso el gasto realizado por todas las administraciones para la compra de material sanitario en la pandemia. Se adelanta así a una posible iniciativa en ese sentido de alguno de sus socios o de la oposición. El PP dio ayer ese paso en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pero circunscrito al 'caso Koldo' y se personará en el proceso. Pocos avances en el esclarecimiento de los hechos cabe esperar de esos trabajos. El volumen de fondos de emergencia librados en las fechas más críticas del covid resulta imposible de desentrañar a base de testimonios y deliberaciones parlamentarias sin contar con una auditoría previa, imposible de ultimar en lo que resta de legislatura. No puede olvidarse, además, que la urgencia extrema para abastecerse de productos cuya demanda mundial era muy superior a la oferta obligó a relajar los procedimientos de control, lo que puede justificar algunas prácticas poco ortodoxas, pero no los delitos imputados a la trama.
Es muy discutible que una comisión partidaria revise hechos que han sido objeto de resoluciones judiciales o actúe en paralelo a procedimientos de los tribunales. Y supondría un serio problema que las Cortes Generales investigasen decisiones autonómicas, lo que posiblemente no contaría con la aprobación de aliados de Sánchez. El inicio de la legislatura se está colmando de factores de inestabilidad. Un Gobierno al contraataque tiene todo que perder.
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