El choque de Puigdemont

Un terreno de nuevo desafiante para la legalidad y las instituciones que la encarnan en tanto que el secesionismo se ha lanzado ya a contraponer el veredicto del Constitucional al rechazo del Supremo a amnistiar a quienes encabezaron la intentona separatista en el otoño de 2017: el huido en Waterloo y el líder de ERC, Oriol Junqueras. El expresident, cuya obcecación y la de los suyos con su, por ahora, frustrado regreso evidencia hasta qué punto la amnistía fue en gran medida un trueque entre su situación personal y la investidura de Sánchez, llegó a pronosticar ayer una nueva «crisis» con el Estado. Y ello mientras tildaba de «sediciosos» a los magistrados del Supremo y acusaba falazmente al Rey de haber lanzado un «a por ellos» en su discurso de respuesta al plebiscito rupturista.

La bravuconería de Puigdemont no pasaría de ahí si no fuera porque tanto la ley de amnistía promovida por el Gobierno como la sentencia del TC que la avala justifican la norma en la existencia de «un conflicto» de raíces históricas que bebe del relato victimista del independentismo; y que obvia, entre otras cosas, que el pulso de quienes pretendieron un traumático divorcio lo fue, ante todo, con la mayoría de los catalanes que se oponían a semejante ruptura. Pero las advertencias del líder de Junts tampoco irían a más si no fuera porque dos autoridades tan relevantes como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se han permitido apremiar al Supremo en vez de guardar el debido respeto a la separación de poderes y a procedimientos que incluyen el pronunciamiento pendiente de Europa. Cuando lo que corresponde al Gobierno es no alentar la perniciosa colisión entre dos tribunales de distinta naturaleza como el Constitucional y el Supremo que persigue Puigdemont.