La ciudad de hoy y de mañana

La historia reciente de la normativa urbanística santanderina es, como poco, rocambolesca. El PGOU de 2012 fue anulado en 2016 porque el abastecimiento de agua no estaba garantizado tras la anulación del bitrasvase del Ebro, por lo que la normativa de referencia volvió a ser el derogado Plan de 1997, el que actualmente está en vigor con dos centenares de modificaciones parciales. La resolución del problema del agua no sirvió para que el PGOU de 2012 pudiera ser puesto en uso de nuevo. Dada la prolija tramitación que un nuevo plan precisa, su elaboración va más allá de un mandato, por lo que la capital cántabra ha vivido desde entonces dos iniciativas que no consiguieron culminar en una normativa modernizada.

La primera, tras la anulación del Plan de 2012 (entre 2016 y 2019), y la segunda, en el siguiente periodo municipal, entre 2019 y 2023. En este último el Ayuntamiento, a través de la concejalía a cargo de Ciudadanos, avanzó en un marco teórico denominado 'Santander, hábitat futuro', abierto a la participación y que no llegó a materializarse en una normativa. El intento dejó establecidas unas bases como promover la regeneración, no solo el crecimiento; 'la ciudad de los quince minutos', en la que los servicios básicos estén próximos al ciudadano; la articulación urbana a través de corredores verdes y la sostenibilidad de todas las actuaciones.

El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación por 2,3 millones de euros la redacción del nuevo documento, para la que espera que esté formado un equipo a final de año y el Plan aprobado en 2030, si todo va bien. La nueva intentona, que atravesará varios mandatos municipales, recogerá los principios establecidos en el nonato plan previo, y aparecerán reflejados conceptos como el impacto del cambio climático (con el norte de España como refugio ante la subida de las temperaturas), la flexibilidad ante situaciones futuras a las que será necesario adaptarse y la precisa agilidad en sus procedimientos: el urbanismo no es ajeno, todo lo contrario, a la imperiosa demanda de respuesta de las administraciones. La ley de simplificación administrativa que el Gobierno regional ha aprobado y trata de poner en marcha encuentra en este ámbito un entorno en el que desarrollarse en profundidad.

La ciudad compacta, que regenera sus espacios históricos, no está reñida con el establecimiento de nuevas áreas de desarrollo en las que dar cabida a viviendas que satisfagan la imperiosa demanda existente, especialmente entre las nuevas generaciones. La sostenibilidad es compatible con la seguridad jurídica y con plazos razonables para las tramitaciones. Una movilidad limpia no es contradictoria con la asignación de espacios al vehículo particular. La normativa urbanística de Santander, en fin, debe resolver los problemas del presente con la vista puesta también en el futuro.